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Tribuna:

Hay un malestar difuso

El tema de estos días en Barcelona es la huelga de autobuses. Además, para el próximo día 20 está convocada en toda España una huelga general. ¿Hay justificación para tales protestas?

El incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los conductores de autobús en Barcelona ha situado esta huelga más allá de la legalidad. Los trabajadores del servicio deben saber que sin cumplir los servicios mínimos no están ejerciendo el derecho de huelga sino, por el contrario, vulnerándolo. En un Estado de derecho la ley debe contemplar y armonizar los derechos de todas las partes en conflicto. Cuando una huelga repercute no sólo en la empresa de la que se es trabajador, sino también en los usuarios de un servicio público, la ley prescribe que sean compatibles de manera proporcionada los derechos de todos los implicados, sabiendo que, por supuesto, cada parte verá sus derechos algo limitados pero, a la vez, podrá también ejercer los que legítimamente le correspondan.

Éste es el sentido de los servicios mínimos: defender los derechos de los usuarios del servicio público permitiendo a los huelguistas ejercer los suyos. Que esto no lo respeten los conductores de autobús de Barcelona supone que no entienden la huelga como un derecho que afecta a muchas partes sino, simplemente, como una forma de presión, en cierta manera de chantaje. En todo caso, hacen una interpretación no democrática de un derecho democrático.

¿Está justificada la huelga general -o el paro general, para ser más exactos- prevista para el 20-J? El decreto ley promulgado tiene partes que rebajan de forma importante derechos laborales legítimamente alcanzados y que suponen una marcha atrás clara del Estado social. Ahora bien, todos sabemos que se ha hecho un abuso evidente del seguro de paro y que este abuso va en detrimento de otros servicios que también presta el Estado. El abuso ciertamente no era la regla, pero tampoco la excepción: era algo bastante generalizado y socialmente bastante aceptado, un poco como el fraude en el pago de impuestos que mucha gente confiesa sin rubor alguno. ¿No sería posible llegar a un acuerdo para cortar los abusos sin disminuir el grado de seguridad alcanzado con las prestaciones de paro?

A primera vista y estudiando cada caso en concreto, tanto la corporativa huelga de autobuses como la huelga general del 20-J no parece que tengan a favor unos argumentos de una solidez apabullante, sino más bien bastantes flancos débiles. Y sin embargo, hay motivos distintos y más de fondo que hacen que estas y otras protestas sociales sean comprensibles, razonables y justificables. Estos motivos generan un malestar difuso, ambiguo, complejo e indefinible pero cierto, debido a las muy visibles contradicciones en la manera de funcionar tanto de nuestra sociedad como del mundo.

Veamos dos ejemplos concretos. En estos momentos no hay cifras apreciables de paro -el Inem, precisamente, tiene medio billón de pesetas de superávit- y, sin embargo, muchas personas que trabajan -incluso las que ganan un sueldo aceptable- siguen teniendo el síndrome del paro por la angustia de un futuro laboral incierto. Ello explica que el paro, junto al terrorismo, sea la principal preocupación de los españoles, a considerable distancia de las demás. No hay paro y preocupa el paro porque hay trabajo precario: esto los economistas neoliberales lo consideran positivo y funcional, un elemento básico para que seamos productivos y competitivos en un mundo globalizado. En realidad, lo que produce es crispación social y tensión psicológica.

Segundo ejemplo. Los conductores de autobús de Barcelona piden un aumento de sueldo de un 20%, la empresa ofrece algo más de un 3%. Parece más razonable la propuesta de la empresa que la de los trabajadores. Y sin embargo, cada trimestre podemos leer en los periódicos que bancos y cajas han aumentado sus beneficios un 25% respecto al semestre anterior, que las plusvalías en las fusiones de empresas dan unos beneficios de miles de millones, que el señor Amusátegui dejó la presidencia del Banco Santander Central Hispano con una indemnización de 7.000 millones de pesetas y que Emilio Ybarra ha hecho unas reservas de pensiones de miles de millones a varios de sus consejeros en un paraíso fiscal. ¿Juzgamos con el mismo rasero a estos poderosos señores de las finanzas que al agobiado conductor de autobús que hace una equivocada huelga ilegal?

El difuso malestar tiene sus causas y éstas son muy reales y comenzamos a conocerlas, aunque no estén todavía en la agenda de los políticos. Norman Birnbaum, un viejo maestro de la sociología, profesor de la Georgetown University de Washington, decía el domingo en este periódico que la política económica del PSOE no era distinta a la del PP. Joseph Stiglitz, norteamericano, premio Nobel de economía de este año, hasta hace poco alto dirigente en el Banco Mundial, ha estado estos días en Barcelona exponiendo cosas tan razonables como que el cobro de la deuda externa a los países del Tercer Mundo es una simple estafa y que somos unos hipócritas al proclamar las bondades del librecomercio mientras cerramos nuestros mercados a la importación de productos agrícolas de los países pobres.

Hace unos meses, quien decía estas evidencias era considerado un rojo anticuado, paleomarxista. Enron, Artur Andersen y las stock options eran todavía un modelo. Quizá las cosas estén comenzando a cambiar. Quizá los partidos de izquierdas europeos deberían empezar a cambiar también. Hay un malestar difuso que se puede capitalizar en votos. ¿Será éste el único razonamiento que les haga rectificar el rumbo?

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de mayo de 2002