Un consejero del Poder Judicial lamenta el 'desacertado' auto del Supremo

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Luis Requero manifestó ayer que considera 'desacertada' e 'incoherente' la interpretación a la que llega el Tribunal Supremo en el auto que considera que los vítores de Otegi a ETA no son un delito de terrorismo, sino de opinión.

Requero, que accedió al CGPJ con los votos del PP en tanto candidato más votado de la Asociación Profesional de la Magistratura, en la que representa al sector más conservador, enmendó la plana a los tres magistrados del Tribunal Supremo asegurando que su resolución conduce al 'absurdo jurídico'. Como magistrado de la Audiencia Nacional, Requero tiene una categoría inferior a los del Supremo en el escalafón judicial.

Este vocal del Poder Judicial estima que conduce 'al absurdo jurídico que un señor de Batasuna, cuando quiera aplaudir las actuaciones de ETA lo único que tiene que hacer es cruzar la frontera y dar un mitin de ensalzamiento a ETA, porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada'. A su juicio, es una 'incoherencia jurídica' que se pretenda ilegalizar a Batasuna por su connivencia con el terrorismo y a la vez se diga que dar 'vivas a ETA' no tiene nada que ver con el terrorismo.

Poco sospechosos

Las críticas de Requero causaron asombro en medios judiciales por cuanto el auto del magistrado Perfecto Andrés Ibáñez fue respaldado sin fisuras por el presidente de la Sala Penal, Luis Román Puerta, y el magistrado Joaquín Delgado, escasamente sospechosos de abundar en actitudes antigubernamentales. Luis Román Puerta fue instructor del caso Naseiro, sobre financiación irregular del Partido Popular, que se saldó, por cuestiones de forma, sin responsabilidad de los inculpados. Puerta fue considerado el principal artífice de las condenas del caso Filesa, sobre financiación del PSOE, y encabezó el voto disidente de la minoría de magistrados del Supremo partidarios de reintegrar a Javier Gómez de Liaño a la carrera judicial según lo decretado por el ministro de Justicia, Ángel Acebes.

Joaquín Delgado es el más veterano de los jueces conservadores de la Sala de lo Penal y fue el ponente del caso Marey, que condenó a fuertes penas de prisión, entre otros, al ex ministro socialista José Barrionuevo y al ex secretario de Estado Rafael Vera.

Perfecto Andrés Ibáñez, de la asociación progresista Jueces para la Democracia, fue promovido al Supremo por el anterior CGPJ, gracias a los votos de los vocales afines al PP -seis, más el del presidente, Javier Delgado-, dos del PSOE, y el de cada uno de los vocales de CiU, IU, PNV y Coalición Canaria.