Ramón-Llin defiende la legalidad de las ayudas al medio rural y la oposición pide que dimita

La consejera de Agricultura, María Ángeles Ramón-Llin, defendió ayer en las Cortes la legalidad y la transparencia del proceso de adjudicación de las ayudas al desarrollo rural previstas por los programas Leader Plus y Proder 2 de la Unión Europea. Frente a las denuncias de los grupos de la oposición respecto a la 'arbitrariedad' y el 'clientelismo' en favor del PP con el que, según ellos, ha actuado el Consell, Ramón-Llin destacó que estos programas benefician al 73% del territorio valenciano. Los socialistas no descartan acudir a los tribunales para denunciar el proceso.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación ha llevado a cabo el proceso de adjudicación de los programas Leader Plus y Proder 2 con la 'máxima transparencia y consenso, ajustándose en cada momento a la normativa vigente y mejorando sustancialmente tanto la forma como el fondo de la convocatoria, así como la dotación económica', según indicó ayer Ramón-Llin en su comparecencia ante la comisión de Agricultura de las Cortes Valencianas. La consejera rechazó las acusaciones de la oposición referidas a 'ese supuesto escándalo de irregularidades inexistentes' en torno a la adjudicación de las ayudas, que ejecutarán 18 Grupos de Acción Local y afectarán a 345 municipios valencianos que suman 687.947 habitantes, y actuarán sobre el 73,62% de la superficie de la Comunidad Valenciana, con una inversión total prevista de 346 millones de euros.

La oposición denunció la 'arbitrariedad' del reparto de las ayudas, además de su distribución con criterio 'clientelar', y acusó al PP de buscar el 'control' de las zonas rurales a través de los programas Leader Plus y Proder 2. 'En este tema, ni entrenándose podrían haber hecho peor las cosas', afirmó el portavoz de Agricultura del Grupo Socialista, Antoni Lozano, quien recordó que estas ayudas están destinadas a reequilibrar el territorio, para evitar el deterioro de las zonas de interior. Con su actuación, dijo Lozano, el PP ha creado una 'crispación innecesaria' y ha demostrado que 'no se cree lo del desarrollo rural'. Lozano acusó al PP de haber 'ido al copo' para que las ayudas beneficien a municipios gobernados por el PP, pidió la dimisión de la consejera Ramón-Llin y anunció que los socialistas no descartan la posibilidad de acudir a los tribunales para denunciar el reparto de las ayudas europeas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Joan Francesc Peris, acusó a la consejera de acudir a la comisión de las Cortes 'como si no hubiera pasado todo lo que ha pasado', en referencia a las denuncias de 'reparto clientelar' de los fondos europeos. 'No nos parece que haya habido transparencia, ni consenso, ni que el proceso se haya adecuado a la normativa europea', dijo Peris, quien preguntó por qué la alcaldesa popular de Requena, Emma Iranzo, estuvo en la comisión que evaluó los planes que optaban a las ayudas. 'Su sola presencia en la comisión pudo influir en la decisión', deslizó Peris, quien preguntó a la consejera sobre la investigación abierta por la Comisión Europea a raíz de un informe encargado por el Parlamento comunitario.

Ramón-Llin alegó que la alcaldesa de Requena estuvo en la reunión en su condición de presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pero aseguró que no participó en la votación. 'Se magnifican razones que no existen', añadió la titular de Agricultura, quien afirmó que los fondos no están paralizados y que la Comisión sólo ha pedido a España 'información complementaria' sobre la adjudicación de las ayudas. Ramón-Llin restó importancia al informe realizado al respecto por una consultora holandesa porque fue encargado por el Parlamento Europeo, cuando quien tiene que 'decidir' es la Comisión.

A continuación, la consejera se puso el retrovisor para asegurar que los anteriores planes de ayudas al desarrollo rural fueron concedidos durante el Gobierno socialista. 'Fueron convocadas en 1994 mediante un escueto anuncio en prensa y adjudicadas tres días antes de las elecciones autonómicas de 1995', dijo Ramón-Llin, quien agregó que aquellas ayudas las 'mangoneaban' los socialistas. El habitualmente tranquilo Antoni Lozano reaccionó con vehemencia ante estas afirmaciones de la consejera, mostró su enojo por sus 'insultos', pidió la dimisión de Ramón-Llin y anunció la posibilidad de acudir a los tribunales.

Una de las facetas de la polémica se refiere a la representación de los agentes privados en los Grupos de Acción Local. Frente al 'mínimo del 50%' que, según la oposición, estipula la Comisión -y que algunas comunidades han incrementado para adecuarse al espíritu de las ayudas-, el Consell ha optado por dejar un reparto igualitario entre privados y públicos y, además, impone al presidente. Una cuestión que ha motivado varias reclamaciones presentadas ante Bruselas, que, además, ha admitido a trámite las protestas que han hecho llegar los responsables de los grupos que han quedado fuera del reparto. Representantes de éstos a nivel estatal se reunieron ayer con el director general de Agricultura de la Comisión, Manuel Silva. Bruselas ha pedido a España más datos sobre los programas Leader Plus y Proder 2 antes de conceder las subvenciones.

Los fondos 'no están paralizados', dijo Ramón-Llin, quien aseguró que las instituciones europeas están 'alucinadas' por el 'número que se ha montado'.