La Fiscalía de Málaga reclama más personal ante las dificultades para cubrir todos los servicios

El fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, no ha sido el único responsable de una fiscalía andaluza que ha pedido que le aumenten la plantilla. Su homólogo en la Audiencia Provincial de Sevilla, Alfredo Flores, reclamó el pasado mes de abril una veintena de personas más para su departamento ante las dificultades que se le presentan para atender debidamente los servicios. [La Fiscalía de Sevilla, que tramitó en 2001 un total de 254.580 diligencias previas, cuenta actualmente con una plantilla de 63 fiscales].

En Málaga el número de diligencias previas -se llama diligencias previas a los nuevos expedientes que se abren, bien por denuncias de terceros o por iniciativa de la propia fiscalía, y se contabilizan todas independientemente de que luego sean archivadas o no- fue en 2001 de 249.744.

Sin embargo, gran parte de estas denuncias corresponden a delitos graves, cuya tramitación corresponde a la Audiencia Provincial. Así, la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, referida al año 2000, refleja que, de las 227.836 diligencias previas incoadas en Málaga en ese ejercicio, 382 fueron competencia de la Audiencia Provincial, más del doble que en Sevilla (151 casos de 242.000 diligencias previas) y más que Valencia (250 casos de 234.977 diligencias previas).

Distribución complicada

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga sólo cuenta con dos destacamentos dentro de su ámbito geográfico de competencia; el de Melilla, dotado con seis fiscales, y el de Marbella, que cuenta con nueve. En la jurisdicción de menores trabajan otros siete fiscales a tiempo completo. Los 38 restantes deben rotar para atender todos los demás servicios, incluyendo desplazamientos a las ocho cabeceras de partido judicial, algunas de las cuales, como Torremolinos, presentan un enorme volumen de trabajo.

'El hecho de que no haya fiscales destacados en las cabeceras de partido obliga a continuos desplazamientos que, además, generan un gasto enorme', relata Villén, quien reconoce que tiene 'verdaderas dificultades' para cubrir todos los servicios en los días de más trabajo.

La ampliación de competencias de los fiscales como consecuencia de las últimas reformas legales ha venido a complicar aún más las cosas. Así, en la jurisdicción Civil, mientras que antes el fiscal informaba por escrito, ahora tiene que estar presente obligatoriamente en las comparecencias. La reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor también sitúa al fiscal en un papel central en el proceso de instrucción.

La reciente creación de fiscalías especiales contra la droga, los malos tratos o los delitos contra la ordenación urbanística y el medio ambiente obliga a liberar fiscales para atenderlas.

A todo esto se suma la enorme carga de trabajo que soportan los juzgados de Málaga. En esta jurisdicción, cada juzgado de instrucción incoa una media 11.000 diligencias previas al año, mientras que en Barcelona la media es de 7.000. 'Para igualar esa ratio, en Málaga tendría que haber 20 juzgados de instrucción, pero sólo tenemos 12, y el fiscal no es quien decide su ritmo de trabajo. El ritmo nos lo imponen los juzgados. Cuando ellos señalan, el fiscal tiene que acudir', explica Villén.

La propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Penal preocupa especialmente a los fiscales, ya que prevé que los delitos penados con menos de cinco años de cárcel se ventilen por el procedimiento de juicio rápido, lo que obliga a estudiar el asunto y presentar una calificación al juzgado en un plazo de días para proceder al enjuiciamiento. 'Con la plantilla actual, la aplicación de esa ley sería inabordable. Necesitaríamos, como poco, diez fiscales más', concluye el fiscal jefe.