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MADRID

Los profesores universitarios exigen el pago de 24 millones en atrasos

Se acabó la luna de miel entre las seis universidades públicas y el Gobierno regional. Los tres sindicatos representativos de los 12.000 profesores universitarios (CC OO, UGT y CSIF) amenazan con retrasar la corrección de exámenes y la entrega de las actas si no reciben ya el plus a su salario pactado con la Consejería de Educación y las universidades en 2000

Se acabó la luna de miel entre las seis universidades públicas y el Gobierno regional. Los tres sindicatos representativos de los 12.000 profesores universitarios (CC OO, UGT y CSIF) amenazan con retrasar la corrección de exámenes y la entrega de las actas si no reciben ya el plus a su salario pactado con la Consejería de Educación y las universidades en 2000. La consejería mantiene que las universidades deben hacer frente al 40% de los más de 24 millones de euros que costará esta medida. Cuatro universidades (Complutense, Politécnica, Autónoma y Alcalá) responden que no pueden.

Los 200.000 alumnos universitarios de la región corren el peligro de recibir tarde sus notas de los exámenes de junio si las universidades públicas y la Consejería de Educación no se ponen de acuerdo para ver cómo afrontan el pago de unos 24 millones de euros. Esta cantidad la debe asumir Educación y los centros tras el compromiso alcanzado en julio de 2000 por el que los 12.000 profesores universitarios que lleven impartiendo clase más de dos años tienen derecho a cobrar un plus complementario a su salario. Este año, el segundo que lo deben recibir, la cantidad oscila entre 360 euros anuales para los profesores asociados de tres horas y 2.552 para los que están a tiempo completo.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 9 de mayo dar a las universidades más de 15 millones de euros para que puedan hacer frente a esta medida. Sin embargo son necesarios unos 24 millones para poder financiarla al 100%.

El director general de Universidades, Javier García Cañete, mantiene que el Gobierno regional ha hecho un 'esfuerzo' aportando el 60% y que son las corporaciones educativas las que deben hacer frente al resto.

La razón: el pasado 16 de julio, Educación y las universidades firmaron un contrato-programa por el que la consejería incrementa la partida que destina al pago de personal para que los centros cubran el 100% de su coste. 'Lo que debe tener claro el profesorado es que hay un compromiso firme por parte de las universidades y la consejería para abonarles este complemento retributivo. Es cierto que hay centros que tienen problemas de liquidez, como la Complutense y la Politécnica. Pero se trata de un problema de contabilidad, que se va a solucionar', mantiene el director general. García Cañete añade que Educación está dispuesta a mantener de forma indefinida este incremento a pesar de que el acuerdo con los sindicatos finaliza el próximo año.

Los rectores de cuatro universidades - Autónoma, Complutense, Politécnica y Alcalá- han remitido un escrito al presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón, en la que piden una reunión para hablar de los problemas que tienen para financiar esta medida.

Rafael Puyol, rector de la Complutense, es tajante: 'Le corresponde a la Comunidad el abono de las cantidades acordadas y así se lo he dicho en varias ocasiones al propio consejero [Carlos Mayor]. A pesar de su buena voluntad, la última oferta es insuficiente'.

A los tres sindicatos respresentantes del personal docente e investigador (CC OO, UGT y CSIF) les es indiferente quién afronte el pago. Lo único que quieren es que se les pague ya el plus, que el año pasado también llegó con retraso. 'Los alumnos conocerán sus notas, pero la corrección de los exámenes y la entrega de las actas se hará lo más tarde posible. Con lo que puede haber un colapso administrativo', pronosticó Ángel Ponce, responsable de personal docente e investigador por CC OO en el organismo que representa a las seis universidades públicas. Para ir calentando motores, el viernes se congregarán frente a la Consejería de Educación para expresar su protesta por el retraso en el cobro de estas cantidades.

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