El Consistorio demolerá al fin la iglesia de Fuencarral el próximo 17 de junio

El próximo 17 de junio, a las nueve de la mañana. Son el día y la hora fijados por el Ayuntamiento de Madrid para la demolición parcial de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes, en el distrito de Fuencarral. Se cumplirá así la orden dictada el pasado 10 de abril ordenando la 'ejecución inmediata' de la sentencia dictada el 3 de junio de 1993 por el Tribunal Superior de Justicia, que dispone el derribo de unos 100 metros del templo. El Consistorio ha pedido al delegado del Gobierno 'efectivos policiales en número suficiente' para impedir la oposición vecinal.

El gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada Martínez-Campos, ha enviado un escrito al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, en el que le comunica la decisión del Ayuntamiento de proceder a la demolición parcial de la polémica parroquia situada en el número 39 de la calle de Villa de Marín.

Armada explica en la carta dirigida a Ansuátegui que 'el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado auto de fecha 10-04-2002, confirmado en súplica por el de 7-05-2002, ordenando la ejecución inmediata de la sentencia de 3-06-93 recaída en el recurso contencioso-administrativo número 1021/90, por la que se ordena la demolición de la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes (calle de Villa de Marín, 39) en la parte que sobrepase el retranqueo de 12,63 metros de separación con los edificios colindantes'. Esta sentencia es el resultado de un larguísimo pleito iniciado por dos vecinos residentes en el inmueble 41-43 de la calle de Villa de Marín.

A siete metros

Éstos denunciaron en 1989 que la iglesia se había edificado a sólo siete metros de sus casas, frente a los 12,63 que fija como distancia mínima la normativa municipal. Pero, por su parte, el arzobispado de Madrid no ceja en su batalla jurídica, y una de sus últimas iniciativas legales ha sido la de recusar, por 'trato enemistoso', a los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior.

En uno de los últimos recursos, el arzobispado solicitaba la suspensión de la ejecución de la sentencia argumentando que a la parroquia no le da tiempo a cumplir con los 'compromisos pastorales' (bodas, bautizos y otros actos litúrgicos) que ya tiene adquiridos hasta octubre. 'Los compromisos pastorales que pueda tener la parroquia es una cuestión ajena a la ejecución de esta sentencia', argumentan los jueces.Recientemente, la institución que preside el arzobispo Antonio María Rouco Varela planteó al tribunal la posibilidad de recurrir a un mediador.

Pero los magistrados respondieron: 'Nos encontramos ante una ilegalidad urbanística declarada en sentencia firme que no es disponible por las partes, por lo que queda fuera de cualquier transacción o arbitraje'.

Un auto dictado hace unos días por la Sala de lo Contencioso-Administrativo arremete contra el arzobispado por 'incurrir en un claro abuso de derecho, prohibido en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y cuya finalidad es simplemente dilatar una vez más la ejecución de la sentencia'.

Antes de empezar el derribo ordenado por el tribunal, el Ayuntamiento deberá realizar diversas obras para impedir que la iglesia se caiga durante los trabajos de demolición que, según fuentes del Ayuntamiento, durarían unos dos meses. El gerente de Urbanismo, Luis Armada, ha solicitado al delegado del Gobierno que 'disponga el envío de efectivos policiales en número suficiente y con los medios necesarios para impedir que cualquier actuación vecinal pueda obstruir la ejecución de las obras'. 'Tal y como le consta a esa Delegación del Gobierno, en ocasiones anteriores hubo de suspenderse la demolición por la oposición de los vecinos, e incluso es previsible que los feligreses se encuentren encerrados en el templo', añade Armada. Éste, sin duda, se refiere a lo ocurrido en enero de 1997, cuando 500 feligreses, entre ellos un grupo de niños, ocuparon el templo para evitar el derribo, acción que repitieron otros 300 en marzo de 2000.

Armada hace notar a Ansuátegui que ahora 'sería oportuno disponer también la vigilancia del edificio, a fin de evitar la ocupación del mismo'. Rouco dijo hace un mes que esperaba que 'un milagro' impidiera la demolición. 'Si Nuestro Señor quiere hacer un milagro', dijo, 'lo conseguiremos, y si no, la Iglesia deberá afrontar el problema con mucha paciencia, perseverancia y con fórmulas y modos de resolverlo en un futuro'.