La oposición reclama una reforma del Reglamento del Congreso que permita el control del Gobierno

Casi un año después de que el grupo de trabajo que tenía encargada la reforma del Reglamento del Congreso haya dejado, en la práctica, de trabajar por el rechazo del PP a introducir nuevas fórmulas que permitan el control al Gobierno, todos los grupos de la oposición han puesto en marcha una iniciativa conjunta, con la forma de una proposición de ley, en la que reclaman esa reforma. El PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto registrarán esta semana su proposición de ley para que pueda debatirse antes del verano y antes del debate sobre el estado de la nación de este año. La oposición mantiene que 'la función más relevante' hoy del Parlamento es, precisamente, 'el control parlamentario al Gobierno'. Para que éste salga del corsé actual, en el que todo depende de la mayoría parlamentaria, proponen las siguientes medidas:

- Debates de actualidad. El Congreso, de salir adelante esta reforma, celebrará dos debates de actualidad en cada periodo de sesiones, es decir, cuatro al año. Esos debates deberán ser pedidos por al menos dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los miembros de la Cámara. Otra novedad de estos debates es que no sólo podrán intervenir los portavoces de cada grupo, sino también, a título individual, los diputados que lo hayan solicitado previamente.

- Interpelación al presidente. El presidente del Gobierno sólo debe someterse ahora a las preguntas de su grupo y de la oposición en el Pleno de los miércoles y no todas las semanas. Son preguntas breves con un formato muy rígido. Los ministros, a cambio, sí deben responder, también los miércoles, a las interpelaciones de la oposición. Es decir, a preguntas más amplias en las que el grupo opositor expone su punto de vista más allá de un intercambio dialéctico de un par de minutos. La oposición reclama que el presidente deba responder, al menos, a dos interpelaciones de la oposición en cada periodo de sesiones, es decir, cuatro al año.

- Mociones en la misma semana. Ahora, la semana siguiente a la interpelación a un ministro se debate la moción consecuencia de esa interpelación. Ahí todos los grupos fijan su posición. La propuesta de esta reforma es que ese debate se celebre en la misma semana de la interpelación. Para eso, las interpelaciones pasarían a debatirse los martes y las mociones los jueves.

- Cupo de preguntas. El sistema de reparto de las preguntas de los miércoles al Gobierno sigue actualmente un esquema no escrito en el que el grupo mayoritario, ahora el PP, pregunta más que todos los demás juntos. Es, en el lenguaje de la Cámara, 'el problema del cupo'. La oposición pretende que el número máximo de preguntas al Gobierno sea de 24 y que, de ellas, el grupo mayoritario no pueda formular más de la cuarta parte, es decir, que tenga un cupo de seis. Por ejemplo, en la sesión de control que se celebrará hoy, el Gobierno afronta 25 preguntas, y 12 serán del PP. Además, de esas 24 preguntas de cada miércoles, tres deberán ir dirigidas al presidente del Gobierno.

- Control a los ministros. Los ministros acuden, casi siempre a petición propia, a las comisiones parlamentarias para exponer la marcha de sus departamentos. Es más complicado que vayan cuando quien lo pide es la oposición. La reforma que la oposición reclama exigirá a los ministros acudir una vez al mes a su comisión parlamentaria a dar cuenta del trabajo de su ministerio. Además, cuando surja un problema y así lo requieran o dos grupos o la quinta parte de los diputados, el ministro será citado con carácter de urgencia para exponer esa cuestión. Estas citas urgentes podrán producirse en cualquier momento del año. La comparecencia urgente del ministro deberá celebrarse 'dentro de los 10 días hábiles' siguientes a la petición.

- Preguntas por escrito. Los diputados formulan infinidad de preguntas por escrito y después se quejan de que el Gobierno les contesta cuando quiere y, sobre todo, lo que quiere. La reforma que reclama la oposición pretende garantizar que la respuesta se ajuste a lo que preguntó el diputado y, de no hacerlo, introduce una vía de reclamación a través de la Mesa del Congreso.