El Gobierno ofrecerá pisos a los mayores de 65 años para que no vayan a residencias

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, en manos de Izquierda Unida, pretende reservar pisos de protección pública adaptados a personas mayores de 65 años y formar una red de viviendas comunitarias para este sector de la población, con el fin de que vivan de manera autónoma y con cuidados mínimos.

El objetivo es mantener a los ancianos en su propio entorno y que las residencias sean una alternativa a la que no tengan que verse necesariamente abocados, explica Ángel Bao, responsable de Bienestar Social, dirección que prepara para el próximo año una Carta de Derechos de los Mayores. Este colectivo supone el 18% de la población vasca, unas 375.000 personas.

Bienestar Social ha diseñado un amplio plan de actuación dirigido a los mayores de 65 años que incluye varias novedades. El programa prevé la reserva de pisos, fundamentalmente de nueva construcción, adaptados a las necesidades de los ancianos. Además, el departamento, en colaboración con las tres diputaciones forales, proyecta también poner en marcha una red de viviendas tuteladas en las que puedan residir grupos de entre cuatro y seis mayores con autonomía. Experiencias similares con otro tipo de colectivos ya se están poniendo en marcha.

'Vivirían por su cuenta, pero acompañados', apunta Bao. 'No tendrían que abandonar sus círculos sociales, su entorno. En definitiva, elegirían lo que quieren, sin tener que estar obligados a una residencia y además, seguirían estando cuidados. Nuestra idea es que puedan contar con una atención mínima, que estaría a cargo de las diputaciones. Las residencias deben ser sólo una alternativa para cuando falla todo lo demás', agrega.

Las previsiones para el año 2050 sitúan la esperanza media de vida en torno a los 80 años. Para entonces, la población mayor de 65 años alcanzará casi al 50% del total de la comunidad autónoma. Actualmente, el 65% de las personas que tiene entre 65 y 80 años en el País Vasco son mujeres, un porcentaje que se eleva hasta el 76% a partir de los 80 años.

Aproximadamente, unas 60.000 personas de este sector de edad, con cierto grado de dependencia, residen solas en la comunidad autónoma. Unas 120.000 sufren algún tipo de discapacidad y a otras 85.000 se les ha diagnosticado una minusvalía entre severa y moderada. Bao desglosa estas cifras para ilustrar la necesidad de adoptar iniciativas 'ante los retos que plantea el envejecimiento de la población'.

La II Cumbre Mundial del Envejecimiento, celebrada el pasado mes de abril en Madrid, supuso el banderazo de salida para que el Gobierno vasco haya puesto en marcha un plan dirigido a este sector cada vez mayor de la población. Precisamente, una de las iniciativas surgidas de ese cónclave es la elaboración de una Carta de Derechos Humanos de los Mayores.

Esta Carta, que si se cumplen las previsiones entrará en vigor el próximo año en el País Vasco, tendrá en cuenta ámbitos tan diversos como el económico, el social y el cultural.

Ángel Bao adelanta que incidirá también en la participación activa de los ancianos en la comunidad. 'Además de garantizar su atención, no debemos dejar de lado que muchos pueden prestar servicios en actividades de voluntariado y en trabajos sociales, por ejemplo. Un trabajo no es un empleo. Hay experiencias muy interesantes para tener en cuenta', asevera. Paralelamente, se prevé poner en marcha antes de este verano una comisión permanente compuesta por personas mayores. Será un órgano específico dentro del Consejo Vasco de Bienestar Social, que participará activamente en la elaboración de la Carta de los Mayores.

Otra novedad es la elaboración de un estudio sobre el envejecimiento de la población para determinar sus consecuencias económicas y sociales. Se persigue así fijar las necesidades a las que las instituciones públicas tendrán que responder los próximos años. 'Este informe es imprescindible para enfrentarnos a los retos que se nos avecinan. El sector de población de mayor edad es ya el más numeroso y las previsiones anuncian que en los próximos años lo será aún más. Tenemos que garantizar que se cubran las necesidades', resalta Bao.

El Parlamento vasco aprobó el pasado viernes una enmienda transaccional en la que instaba al Gobierno de Vitoria a que elabore un estudio de este tipo. La investigación incluirá la evaluación de los ámbitos demográficos y macroeconómicos, y un análisis de las medidas adaptadas en otros países. El trabajo será remitido para su discusión a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de la Cámara. Después, se constituirá una ponencia parlamentaria sobre el envejecimiento de la población.