Los socialistas acusan al Consell de desmantelar la red de servicios sociales y desatender a los municipios

Los responsables del área de políticas sociales del PSPV y diputados Nuria Espí y Antonio Torres acusaron ayer al Consell de estar desmantelando la red de servicios sociales y no prestar la atención necesaria a los ayuntamientos para hacer frente a las demandas de los colectivos más necesitados. Espí explicó que el PSPV está estudiando la posibilidad de presentar un recurso jurídico por el incumplimiento, por parte de la Generalitat, de la Ley de Servicios Sociales. La parlamentaria anunció también que los socialistas impulsarán la celebración de plenos en los ayuntamientos para que los consistorios expresen su rechazo al recorte presupuestario del Consell en las políticas sociales y que se realiza, frecuentemente, mediante modificaciones presupuestarias.

Nuria Espí dijo que la partida de 10,52 millones de euros prevista en los presupuestos de la Generalitat de 2002 en el plan de medidas de inserción social, que prevé convenios con ayuntamientos para personas con recursos mínimos, ha quedado reducida en abril a 4,81 millones de euros. Para la parlamentaria socialista, se trata de 'un brutal recorte' que hiere de muerte los servicios sociales en la Comunidad Valenciana. La responsable del área de Políticas Sociales e Inmigración del PSPV advirtió que la mayoría de los indicadores revelan que el esfuerzo dedicado a estas políticas por parte del Consell está en la mitad de la media española. Así, según los datos facilitados por Espí, mientras en la Comunidad Valenciana se invierte en estos servicios un total de 0,34 euros por habitante, la mitad de la media española. Respecto al número de profesionales dedicados a estas políticas, en el País Valenciano hay una persona por cada 17.131 habitantes frente a la media española de uno por cada 10.000.

Los diputados socialistas reconocieron la dificultad de trasladar la situación de unas políticas que afectan, fundamentalmente, a colectivos necesitados, pero recalcaron que realizarán todos los esfuerzos posibles para que el desmantelamiento de la red asistencial no pase desapercibido.

Según Nuria Espí, , el consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, ya ha dejado bien clara cuál va a ser su política en una materia especialmente sensible y que amenaza con enfrentar a los colectivos nacionales más desprotegidos con los inmigrantes que acuden en busca de un mejor futuro.