Partidos sospechosos

Digan lo que digan socialistas y pujolistas, no valdrán excusas. Han dado su apoyo a una ley orgánica de partidos sospechosos. Éste, y no otro, es el desarrollo de los artículos 6, 22 y 23 de la Constitución española que establece la ley promovida por el Gobierno del Partido Popular en relación con los partidos políticos. Es tan bárbaro lo que van a aprobar socialistas y pujolistas, que cuando un ciudadano oiga 'te vamos a aplicar la ley de partidos políticos' se pondrá a temblar. ¡Qué diría Kelsen! Los partidos expresan la voluntad general mediante el pluralismo político. ¿Cómo es posible hacer una ley tan negativa sobre los partidos políticos mientras se piensa sólo en uno? La palabra más importante de una ley de partidos debería ser el pluralismo, tal como establece el artículo primero de la Constitución vigente. Pero en esta ley para paranoicos la palabra más importante, la única importante, la maldita e innombrable palabra es batasuna.

¡Cuánta razón tiene el lehendakari, Ibarretxe, al calificarla de disparate jurídico, error político y despropósito social! Es una ley contra la estabilidad social en el País Vasco. Es una ley represiva, sólo pensada para Euskadi. ¿Se puede hacer en Madrid una ley sobre el País Vasco prescindiendo absolutamente de la opinión del Gobierno vasco? Por lo que se ve, sí. Pero ¿cómo es posible que pujolistas y socialistas se presten a ello? ¿Tienen miedo al gancho electoral españolista que tendrá en la opinión pública con la excepción del País Vasco? ¿Tan importantes son los votos? La democracia y el pluralismo se mueren sólo si es el barómetro electoral el que decide cuáles son las cosas que conviene decir o hacer.

Lo más preocupante es que Pujol y Zapatero no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, de la gravedad de la cuestión. Un ley de partidos es fundamental en un sistema democrático. Debería ser una norma que garantizara realmente el derecho de participación política, la democracia interna en los partidos políticos, el pluralismo político en la sociedad civil, la transparencia en la financiación de los partidos políticos, la efectiva igualdad de oportunidades en el uso de los medios públicos de información y comunicación, y tantas cosas más. Pero de nada de eso trata la ley, más allá de vaguedades y principios generalistas que no comprometen a nada ni a nadie.

No habría reforma de la ley de partidos si no fuera por Batasuna. Con esto está dicho todo. La Constitución y el ordenamiento jurídico tienen todas las vías que se quieran, y más, para perseguir eficazmente a los que usan la violencia y la amenaza con fines políticos. En este artículo no se discute la necesidad de adoptar las medidas políticas y legales necesarias para perseguir al terrorismo como arma política y a los que lo justifican. Lo que se discute es el uso indebido e irresponsable de una ley de partidos para llevarlo a cabo. Con ello se consigue lo contrario de lo que se dice pretender: politizar aún más una cuestión que debería mantenerse en el campo estrictamente judicial.

Es una incongruencia que sólo se quieran utilizar medidas policiales y no negociaciones políticas para acabar con ETA y, al mismo tiempo, se haga uso de toda una ley de partidos políticos para acabar con Batasuna. ¡Vaya manera de evitar la politización! Quizá se pretende complicarle la vida al nacionalismo democrático vasco y, especialmente, al Partido Nacionalista Vasco. Cuando Batasuna está siendo derrotada por su propia intransigencia y extremismo, le cae del cielo popular una ley que le permitirá recuperarse. Porque las organizaciones como Batasuna saben sobrevivir en la persecución y en la clandestinidad. Ya encontrarán la fórmula para burlar la ley. Quien recibe un regalo envenenado es el PNV. En la forma, esta ley no va contra este partido, pero en el fondo ataca toda su estrategia política de marginar a Batasuna. ¿Lo que es malo para el PNV y para el nacionalismo democrático vasco es bueno para socialistas y pujolistas?

El Gobierno de Aznar todavía no ha aceptado la clara victoria del nacionalismo democrático vasco en las últimas elecciones autonómicas. No está dispuesto a que se consolide esta hegemonía y no dará un paso en la dirección de lo que sería deseable y razonable para la pacificación de Euskadi: el respeto mutuo entre dos legítimos gobiernos, el de Madrid y el de Vitoria-Gasteiz, y su necesaria cooperación para acabar con el terrorismo. No me parece una buena política hacer y aprobar en las Cortes generales leyes que afectan tan directamente a Euskadi contra la opinión del Gobierno y de la mayoría parlamentaria en el País Vasco. Refleja un estilo autoritario y una concepción monocéntrica y antidemocrática de la política. No se puede esperar otra cosa del Gobierno del Partido Popular cuando ya ha dado tantos ejemplos en la misma dirección. Pero estamos ante una ley fundamental en un ordenamiento democrático. No se puede maltratar de esta forma a la democracia que ha costado tanto tejer. Pujol y Zapatero deberían pensar en ello.

Miquel Caminal Badia es catedrático de Ciencia Política de la UB