El Constitucional sentencia que la formación continua es competencia de las autonomías

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, esgrimió ayer una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en la que el alto tribunal da la razón a la Generalitat en su recurso sobre la competencia de esta autonomía en materia de formación continua, para exigir al Gobierno central su inmediata transferencia.

La resolución del Constitucional estima parcialmente el recurso del Ejecutivo catalán y define que la titularidad de la 'competencia de ejecución en la materia controvertida [la formación continua de los trabajadores asalariados] corresponde a la Generalitat'. Además, la sentencia considera inconstitucionales y, por tanto, inaplicables en Cataluña, parte de las previsiones establecidas en el Acuerdo Nacional de Formación Continua firmado en 1992 por el que el Gobierno central, los sindicatos CC OO y UGT y la patronal CEOE, que constituyó el Forcem.

Entre los aspectos anulados está el referido a la transferencia a este fondo desde el Instituto Nacional de Empleo (Inem) del 10% de la cuota destinada a Formación Profesional que se retiene de la nómina de todos los trabajadores. Y también la parte que define que la 'organización, gestión, distribución de fondos, o, en su caso, ejecución de las acciones formativas y justificación de las mismas, corresponden a los interlocutores sociales a través de los correspondientes entes de composición paritaria'.

Hoy precisamente se cumple un mes desde que representantes de los gobiernos central y vasco mantuvieron en Madrid una reunión para reactivar, sin éxito, los traspasos de competencias pendientes. Desde entonces, según el Ejecutivo vasco, no ha habido una nueva llamada del ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, para retomar la negociación -parada durante los últimos tres años- y Zenarruzabeitia habla de nuevo de 'falta de voluntad política' del Ejecutivo central.

Zenarruzabeitia acusó al Gobierno del PP de intentar recuperar materias de carácter económico, político y social que estaban ya transferidas a las autonomías, con el 'recorte' de competencias y el traslado de los centros de decisión económica a Madrid.

Idoia Zenarruzabeitia compareció ayer ante los medios de comunicación para criticar que el Gobierno central lleva un mes desaparecido en las negociaciones sobre las transferencias pendientes, reanudadas hace hoy un mes tras un parón de tres años. La vicelehendakari recordó que hace un año y tres meses el Ejecutivo autónomo remitió a Madrid una propuesta sobre las cuatro competencias cuyo traspaso desea negociar prioritariamente: la ejecución de las políticas en materia de trabajo, empleo y formación; Instituciones Penitenciarias; investigación científica y técnica, y las autopistas en régimen de concesión.

En la reunión del pasado 18 de abril, el Gobierno pidió tiempo para 'contrastar y consultar' a los ministerios implicados en las citadas materias y, además, dejó claro que se negaba a transferir las prisiones aduciendo que la política penitenciaria forma parte de la estrategia antiterrorista del Estado.

'Falta de voluntad política'

Zenarruzabeitia dijo ayer que ningún miembro de la Administración central se ha puesto en contacto con el Gobierno de Ibarretxe para proseguir con la negociación. En caso de que esta situación se mantenga, la vicelehendakari aseguró que 'sería interpretado, de nuevo, como falta de voluntad política para el cumplimiento y desarrollo del Estatuto, y generaría, de nuevo, una frustración para las expectativasde la sociedad vasca por mejorar y profundizar nuestro autogobierno'.

Pero entre tanto, el Tribunal Constitucional ha resuelto un recurso presentado el 29 de marzo de 1993 por la Generalitat de Cataluña contra el acuerdo sobre Formación Profesional Continua firmado el 22 de diciembre de 1992 entre el Gobierno y la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT. La Generalitat argumentaba, entre otras cosas, que este acuerdo tripartito, que definía la competencia de la ejecución de las políticas de formación continua en España, invadían sus competencias.

La resolución del Constitucional estima ahora parcialmente el recurso del Ejecutivo catalán y define que la titularidad de la 'competencia de ejecución en la materia controvertida [la formación continua] corresponde a la Generalitat'. Además, considera inconstitucionales parte de la distribución de competencias fijada en el acuerdo entre la patronal, el Gobierno central y los sindicatos mayoritarios.

Para Zenarruzabeitia, la sentencia concluye que la formación continua es 'perfectamente transferible a Euskadi, sin que por ello se vulnere la unidad de caja de la Seguridad Social o principios jurídicos como la unidad de mercado y la libertad circulación de los trabajadores, que eran las argumentaciones para oponerse' a su traspaso.

En consecuencia, la vicepresidenta exigió el traspaso inmediato de la formación continua, con el fin de 'mejorar la formación y cualificación de los trabajadores vascos'. Y recordó que el artículo 12.2 del Estatuto de Gernika confiere al País Vasco 'la ejecución de la legislación laboral, procurando que las condiciones de trabajo se adecúen al nivel del desarrollo y progreso social, promoviendo la cualificación de los trabajadores y su formación integral'.

En el caso vasco, el apoyo del PNV a la primera investidura de Aznar en 1996 propició un acuerdo entre las administraciones central y vasca por el que aquélla aportó 3.500 millones de los Presupuestos del Estado para financiar la fundación vasca para la formación continua Hobetuz, que funciona en la comunidad autónoma junto al Forcem. Sin embargo, tras la ruptura de relaciones políticas entre el PNV y el Gobierno de Aznar, quedó interrumpida la aportación de fondos estatales a Hobetuz con el argumento de que la primera finaciación obedecía a un pacto político no renovado.

Por su parte, el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, aseguró tras conocer la sentencia que el Gobierno realizará un 'análisis conjunto' para todas las comunidades autónomas y que la formación continua es una competencia que se deberá traspasar con carácter general. No obstante, Elorriaga indicó que el fallo favorable a Cataluña no es aplicable automáticamente al País Vasco, porque éste todavía no ha recibido el traspaso de las políticas activas de empleo.