Bloqueado el plan para montar la red que permite usar el móvil en el metro

Hablar algún día por el teléfono móvil en el metro puede ser una utopía: los conflictos que mantienen las partes interesadas (compañías, Comunidad de Madrid y Administración central) siguen enconándose, lo que puede volver a retrasar el plazo previsto para que dé comienzo el servicio.

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), organismo oficial que regula la telefonía a escala nacional, acaba de dar al traste con el acuerdo firmado el pasado 25 de febrero entre Vodafone y Metrocall, la empresa participada por Metro encargada en exclusiva de tender la red que haga posible la comunicación en los túneles y los pasillos del metro.

El citado acuerdo a dos bandas aseguraba a Vodafone, la segunda compañía de móviles de España, el 100% del alquiler de la red, aunque bajo el compromiso de negociar la incorporación del resto de los operadores (Telefónica Móviles y Amena) en las mismas condiciones.

Sin embargo, la CMT considera que algunas de las cláusulas de dicho pacto pueden contravenir la libre competencia, al no garantizar al resto de compañías de móviles las mismas condiciones. Por ello, ha decidido suspender la efectividad del contrato hasta que Metrocall no acredite haber obtenido la preceptiva autorización para ocupar el dominio público de la red de Metro de Madrid. Además, Metrocall deberá detallar su proyecto concreto de red para que los otros operadores interesados puedan alcanzar acuerdos para compartir dicha infraestructura.

Segunda paralización

Ésta no es la primera vez que la CMT paraliza el proyecto, ya que adoptó una decisión similar en septiembre del pasado año, al no estar de acuerdo con la exclusividad del contrato de Metrocall para tender una red en las estaciones, túneles y pasillos del metro (participada en un 60% por Tecnocom, y en el restante 40%, por Metro).

Precisamente Metrocall, tras las infructuosas negociaciones con las compañías de móviles, intentó desbloquear el conflicto firmando un acuerdo con Vodafone, por el que, a cambio de 7,2 millones de euros más costes de mantenimiento hasta 2003, dejaba en manos de esta compañía las negociaciones para alcanzar un acuerdo con sus homólogas. Amena no se mostró, en principio, contraria al planteamiento, pero Telefónica Móviles volvió a expresar su desacuerdo, al entender que se acentuaba aún más el monopolio, por lo que pidió el amparo de la CMT.

El conflicto se complica más, puesto que Telefónica Móviles, además de a la instancia administrativa, ha recurrido también a los tribunales. El 22 de octubre de 2001 presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Consejería de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes por impedirle tender su propia red en el metro y por obligarle a alquilársela a Metrocall.