El informe de la sindicatura sobre el 'caso Pallerols' elude investigar a Trabajo

Pocas veces una espera tan larga había dado unos resultados tan raquíticos. Tres años y medio después de recibir el encargo, la Sindicatura de Cuentas entregó ayer al Parlament su informe sobre la gestión de los fondos de formación de parados -a raíz del caso Pallerols-, que en apenas 50 folios se limita a hacerse eco de estudios ya conocidos, sin incluir ninguna investigación sobre el Departamento de Trabajo ni las academias de formación. El autor de esta parte del informe es Marià Nicolàs, al que Convergència i Unió (CiU) acaba de aupar al puesto de síndico mayor.

El informe fue encargado el 13 de octubre de 1998 con motivo del escándalo del caso Pallerols -de presunta financiación irregular de Unió Democràtica a partir de los fondos de formación repartidos por el Departamento de Trabajo, en manos de Unió-. Pero para diluir el escándalo dentro de una amalgama de todas las administraciones, CiU y el PP pactaron que el informe debería abarcar todos los fondos europeos gestionados en Cataluña y, por tanto, a todas las administraciones.

El estudio se dividió en cuatro ámbitos: Marià Nicolàs, avalado por CiU, asumió el control sobre el Departamento de Trabajo -el núcleo del caso Pallerols-; Xavier Vela (CiU) estudió las diputaciones; Josep Maria Carreras (PSC), los ayuntamientos, y Jacint Ros (ERC), los fondos de las universidades.

Finalmente, con una demora sin precedentes en la historia de la institución, el pleno de la sindicatura aprobó el pasado martes los cuatro informes, que han tenido un efecto paradójico: un estudio encargado para esclarecer el caso Pallerols elude toda investigación sobre el Departamento de Trabajo y en cambio subraya algunas anomalías en ayuntamientos gobernados por el PSC, como los de Barcelona, Terrassa, Sabadell y Viladecans.

El informe sobre Trabajo no contiene ninguna investigación propia de la sindicatura. Pese a que se han destinado tres años y medio a redactar el informe, Nicolàs lo advierte desde el principio alegando 'medios limitados'.

'Este informe no puede considerarse un trabajo de fiscalización ni de búsqueda de fraudes', escribe Nicolàs, antes de subrayar que 'otro tipo de fiscalización hubiera hecho retrasar considerablemente la ejecución del informe'. En el interior de la Sindicatura ha causado estupor la coincidencia entre la aprobación del informe y el nombramiento de Nicolàs como síndico mayor. El jueves de la semana pasada, el Parlament lo designó y sólo cinco días después la Sindicatura aprobó el informe, pendiente desde hace tres años y medio.

El texto redactado por Nicolàs se limita a hacer una descripción del sistema de gestión de los fondos europeos de ocupación en Cataluña y maneja datos en su mayoría ya conocidos, procedentes de la intervención general de la Generalitat, del mismo Departamento de Trabajo y de la Unidad Administrativa de los Fondos Sociales Europeos, entre otros. Nicolàs no ha investigado directamente ningún expediente ni ha realizado comprobaciones en los centros que recibían subvenciones de Trabajo.

Tomando como fuente estos informes ya existentes, el síndico recuerda las principales disfunciones, 'incidencias' y 'prácticas fraudulentas' detectadas: el 46% aluden a la 'falta o deficiencias' en la documentación justificativa de los centros subvencionados, el 23% se refiere a fondos utilizados para fines que no se corresponden al motivo de la subvención, y el 18% afecta al 'deficiente control de los alumnos'.

En todo el informe, no obstante, no aparece ni un solo nombre, ningún caso concreto de irregularidades, sino que se habla siempre genéricamente. Sobre las academias de Fidel Pallerols, el informe se limita a destacar que en 1996 el empresario recibió ayudas por 1.257 millones de pesetas y se le revocaron subvenciones por 140 millones. Ante esta situación, el Departamento de Trabajo utiliza sus alegaciones para explicar sus mecanismos de control sin tener que responder por ninguna situación tangible.

Anomalías en ayuntamientos

En cambio, en el informe sobre los ayuntamientos se informa de varias anomalías concretas, descubiertas como consecuencia de la investigación directa de la Sindicatura: en Barcelona, por ejemplo, el Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) justificó de forma 'improcedente' 800.000 pesetas sobre un total de 308,49 millones, y en Terrassa se utilizó 'un criterio de imputación de los gastos generales que no es objetivo ni uniforme'.

Sobre Cornellà de Llobregat, gobernado por el primer secretario del PSC, José Montilla, el informe advierte de que 'no fue posible obtener toda la documentación necesaria para justificar de forma correcta las subvenciones'. Además, detecta 'diferencias significativas entre algunos de los datos que constan en la documentación disponible y la reflejada en la solicitud de pago'.