El Defensor del Pueblo denuncia que se vulnera la ley con los menores marroquíes

El Gobierno incumple su Ley de Extranjería en las reagrupaciones familiares de los menores marroquíes. Así lo establece una investigación del Defensor del Pueblo, que a finales de marzo envió a la Delegación del Gobierno en Melilla y a la Consejería de Bienestar Social de esa ciudad varias recomendaciones para que se garanticen los derechos de los niños en su devolución a Marruecos. La institución que dirige Enrique Múgica denuncia el desamparo de los menores que son entregados en la frontera sin que se conozca el paradero de sus familias y a sabiendas de que la policía marroquí no los conducirá hasta ellas.

El documento, enviado a finales de marzo a la delegación del Gobierno en Melilla y a la Consejería de Bienestar Social de la ciudad autónoma, supone un fuerte tirón de orejas al Ejecutivo por el procedimiento seguido en los procesos de reagrupación familiar de los menores inmigrantes acogidos por los servicios sociales de Ceuta y Melilla, y coincide en muchos aspectos con los informes presentados recientemente por las ONG Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) que denunciaban 'expulsiones inmediatas de menores no acompañados'.

En sus investigaciones, el Defensor del Pueblo comprobó cómo en los expedientes de reagrupación de menores no constaba que se hubiesen realizado gestiones para localizar a sus familias, ni que se hubiera contactado con los servicios de protección de menores de Marruecos, tal y como la legislación de Extranjería obliga a realizar antes de decidir sobre la procedencia de la devolución. 'Tampoco existen documentos que permitan deducir que se ha realizado un estudio individualizado de la situación socio-familiar del menor y del entorno al que se le va a devolver para comprobar que no existe situación de riesgo o peligro para éste', señala el informe del Defensor del Pueblo que tiene el Gobierno.

'Párrafo modelo'

Según el documento, la única justificación de la devolución se recoge en 'un párrafo modelo' inserto en todas las resoluciones 'en el que se afirma que la medida de reintegración familiar es la procedente al ser el entorno familiar el mejor para el desarrollo de los menores'. El Defensor estima equivocada esa justificación y considera 'obvio' que, en su mayoría, 'los menores no acompañados proceden de familias rotas y con una situación económica precaria'.

La sospecha de la inexistencia de esa investigación se deduce también de la brevedad del plazo en que se tramita la 'reagrupación familiar', que según el Defensor no llega a un mes desde que la delegación tiene noticias del acogimiento del menor. El informe pone el ejemplo de un niño marroquí acogido el 10 de julio de 2001. El día 16 los servicios sociales melillenses informaron de su acogimiento a la delegación del Gobierno, que 15 días más tarde, el 1 de agosto, decretó su reintegración familiar entregándolo ese mismo día a la policía marroquí.

'La policía de fronteras a la cual se entrega al menor no se ocupa de él ni efectúa contacto alguno con su familia', argumenta el Defensor al recordar que, con 'notoria frecuencia', los menores devueltos regresan a Melilla a veces sólo algunas horas después de la ejecución de la medida. Ahora bien, el retorno del menor 'no provoca un nuevo estudio del problema, dado que se vuelve a ordenar la entrega del menor transcurridos uno o varios días'.

Según el informe, este 'automatismo en las repatriaciones constituye una práctica indeseable que debe ser evitada', ya que 'la entrega precipitada vuelve a conducirles a la misma situación de desamparo' que la ley trata de evitar al ordenar la acogida.