Diez personas rechazan ser juzgadas por el 'caso de la Fira del Teatre de Tàrrega'

Estos incidentes antes de iniciarse la sesión del juicio y diversas cuestiones previas planteadas por la defensa de las 10 personas que se negaban a entrar en la sala, que solicita la nulidad de las actuaciones por supuestas irregularidades cometidas durante la instrucción de la causa y por vulneración de derechos fundamentales de los acusados, obligaron al juez a suspender el juicio hasta mañana para poder estudiar las alegaciones de los letrados. Éstos denunciaron indefensión y discriminación por motivos económicos, ya que los acusados que han reconocido su culpabilidad y han pagado las multas correspondientes se han librado del juicio y ellos, no.

Los hechos que debían juzgarse ayer se produjeron a partir de las cuatro de la madrugada del 8 de septiembre de 1991, cuando un grupo de jóvenes incontrolados empezó a zarandear el vehículo de una compañía teatral que se disponía a abandonar la plaza después de la actuación. En un primer momento intervino una dotación de los Mossos d'Esquadra y a partir de entonces las calles de Tàrrega se convirtieron en una guerra sin cuartel en la que participaron centenares de jóvenes, quienes amparándose en la multitud destrozaron todo lo que encontraron a su paso. Un pequeño grupo incluso intentó asaltar e incendiar el edificio consistorial. Los alborotadores mantuvieron en vilo durante varias horas a las fuerzas del orden, que ante la gravedad de la revuelta tuvieron que reclamar refuerzos. Los daños en el mobiliario urbano y en los establecimientos comerciales de la zona fueron valorados en más de seis millones de pesetas.

Propuesta de la fiscal

De las 86 personas que fueron detenidas inicialmente por los agentes policiales, tan sólo 17 ingresaron en prisión, aunque al cabo de dos semanas quedaron en libertad tras abonar cada uno fianzas de 200.000 pesetas. Una cinta de vídeo grabada por la Guardia Urbana de Tàrrega, que aún no ha podido ser visionada por las defensas de los procesados, diversas fotografías y filmaciones de la televisión fueron utilizadas por la fiscal como pruebas de cargo contra las 54 personas procesadas por los delitos de lesiones, desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Por todos estos delitos, el ministerio público solicitaba más de un centenar de años de cárcel.

Hace dos meses, la fiscal del caso remitió a todos los abogados defensores una propuesta para evitar el juicio. La proposición consistía en modificar la calificación jurídica de los hechos, rebajando los delitos a faltas y cambiando las penas de hasta cinco años de prisión por multas de 1.200 euros (más de 199.000 pesetas). A cambio, el ministerio público pedía reconocer los hechos. Francesc Arnau, abogado de los 10 acusados que han recusado al juez y a la fiscal, calificó el pacto de 'chantaje intolerable' y el juicio de 'farsa'. Según Arnau, de la lectura de la comunicación de la fiscal, 'se desprende claramente que las personas acusadas que paguen los euros que se les pide recibirán un trato muy diferente y mucho más favorable que los que no paguen, y eso sería una injusticia, producto de una verdadera actuación delictiva del juez y de la fiscal'.