Nuevo fracaso en el diálogo entre Gobierno y sindicatos

Apenas veinte minutos bastaron ayer para constatar que el diálogo entre el Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT está quebrado. Sus discrepancias en torno a la reforma de la protección por desempleo se mantuvieron sin avance alguno en la que parece ser su última reunión. El Ejecutivo intentará ahora contar con el apoyo de las comunidades autónomas, la patronal y las asociaciones de la economía social. Los sindicatos, por su parte, preparan para el próximo día 23 las reuniones de sus órganos de decisión en las que propondrán una huelga general para el 20 de junio.

La reunión de ayer entre los responsables de Trabajo y de los sindicatos CC OO y UGT concluyó con un rotundo fracaso. Las centrales pidieron una vez más la retirada del documento oficial y, ante la nueva negativa del Gobierno, le responsabilizaron de haber dado 'carpetazo' al diálogo. Según el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, 'ahora sólo cabe una salida: una respuesta unitaria masiva y democrática en la que no se descarta una huelga general'.

Una respuesta que ya fue acordada por los líderes sindicales José María Fidalgo y Cándido Méndez el 25 de abril tras conocer la propuesta del Gobierno, aunque será el 23 de mayo cuando los órganos de decisión de las dos centrales ratifiquen la convocatoria de una huelga general prevista para el 20 de junio.

El consenso que el Gobierno no ha podido alcanzar con las centrales lo intentará cerrar con las comunidades autónomas, en una reunión prevista para el próximo lunes, y con las asociaciones de la economía social (cooperativas y sociedades laborales).

Los sindicatos rechazan la reforma porque entienden que supone 'un recorte y una expropiación de derechos en la protección por desempleo, un abaratamiento del despido (por la eliminación de los salarios de tramitación y la desaparición paulatina del PER'. Ayer, Toni Ferrer y Dolores Liceras, secretaria de empleo de CC OO, dieron un nuevo argumento de rechazo: en un borrador de reforma de la Ley Básica de Empleo, entregado a las comunidades autónomas, el Gobierno abre el contrato de inserción, que no cuenta con cobertura de paro, a su utilización en todo tipo de empresas y elimina la limitación que tenía para obras de interés público o social.

El documento 'no se retira'

Toni Ferrer aseguró que, para los sindicatos, 'el fin no es la huelga general, sino retomar una verdadera negociación y que el Gobierno desista de su reforma'. Una renuncia que fue rechazada por el secretario general de Empleo, Juan Chozas, para quien 'es difícil aceptar que, en beneficio de un supuesto diálogo, el requisito sea la retirada. El Gobierno no va a retirar el documento porque cree que la reforma es su responsabilidad'.

Junto a esa negativa, Chozas criticó a la salida de la reunión a los sindicatos por no haber presentado en la mesa negociadora propuestas alternativas. En el curso de su encuentro, admitió que la Administración conoce documentos de las centrales con propuestas relativas a la protección por desempleo.

Los sindicatos están recopilando ahora esos documentos y los presentarán públicamente este jueves. Sus propuestas tienen un sentido diferente a la reforma del Gobierno, ya que parten de que el Inem cuenta con un superávit de 3.000 millones de euros. Con ese margen presupuestario reclaman la mejora de los servicios públicos de empleo y de las prestaciones de paro, y que se extienda la protección a parte de los parados que ahora no cuentan con ella (el 40%), especialmente a los desempleados de larga duración con responsabilidades familiares y edad avanzada.

Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo, lamentó ayer por la tarde la decisión tomada por los sindicatos de dar por cerrada la negociación sobre la reforma de la protección por desempleo, informa Rosa Biot. El responsable de Empleo, que hizo estas declaraciones durante la primera jornada de la Conferencia de ministros de Seguridad Social de Europa, Latinoamérica y el Caribe que se celebra en Valencia hasta mañana, también lamentó no haber recibido una propuesta de los agentes sociales en las tres reuniones que se han mantenido para tratar esta propuesta. Aparicio defendió la voluntad 'inequívoca' del Gobierno 'de seguir mejorando' el sistema español de protección por desempleo. El documento que estudia el Ejecutivo, dijo, 'no está cerrado'.

Un sondeo difundido ayer por la cadena SER indica que un 45% de los encuestados cree que hay motivos para una huelga general, mientras que el 40% la rechaza. El Pulsómetro añade que un 55% piensa que no hay ambiente entre la ciudadanía para esa respuesta, y un 27% sí lo detecta. Junto a esas respuestas, el 75% opina que el Gobierno debe retirar su propuesta de reforma y un 11% que debe mantenerla.