_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Desconfianza

Hay cosas que no se resuelven con una frase enfática, debería saberlo Zaplana, y sombras que no se disipan en una intervención parlamentaria, lo sabe bien Rafael Blasco. El ejercicio del poder deja rastro y exige explicaciones. No hay patentes de corso, ni retórica alguna que evite pasar cuentas. Si el presidente de la Generalitat se empeña en negar la mayor, -ninguna corrupción afecta al PP-, la realidad, como el mar, le devolverá una y otra vez los restos de cualquier naufragio. El caso Cartagena, sin ir más lejos, flota todavía a la deriva en una de sus vertientes: la de las cesiones de crédito (en la otra, la de la apropiación indebida de fondos públicos desde la alcaldía de Orihuela, ya se produjo un choque estrepitoso contra los escollos). Y resulta que afecta a la subsecretaria de Planificación y Estudios de Presidencia, Ana Encabo, esposa del ex consejero de Obras Públicas, cuya implicación en la causa por los depósitos fiscalmente opacos es prácticamente la misma que llevó a su marido a dimitir. Feo asunto. Lo suficiente como para que Zaplana adopte al menos un tono de prudencia, si no se siente capaz a estas alturas de incorporar algún grado de autocrítica a su discurso político. Más correosa es la postura de Blasco, ese superviviente de otros escándalos incrustado en la Administración del PP como un cuerpo extraño pero imprescindible. Su comparecencia en las Cortes para explicar la adjudicación de los centros Mujer 24 Horas a una sombría sociedad casi evanescente llamada Lonerson Trade desarmó las acusaciones de irregularidad administrativa esgrimidas por la oposición, pero no evaporó otras inquietudes: ¿Qué están haciendo con los servicios sociales? ¿En manos de quiénes se ponen, a cuenta de la doctrina de las privatizaciones, prestaciones tan sensibles del sistema de bienestar social como la atención a mujeres maltratadas? Difícilmente puede sostenerse que ese tal Javier Pons Trénor de Molina o ese otro Óscar Varea Montolio son personas con la formación y experiencia adecuadas. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué hay detrás? Tal vez no lleguen jamás a entenderlo, tal vez no les convenga, pero nuestra obligación es desconfiar. Y la suya, la de Zaplana y la de Blasco, convencernos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_