Responsabilidad compartida

Un desempleado es una persona que carece de un empleo remunerado, que está buscando uno y que se encuentra disponible para trabajar. Si estos dos últimos requisitos no se cumplen, se considera que la persona no desea participar en el mercado de trabajo y, a efectos estadísticos, se le clasifica como económicamente inactiva.

Un sistema de seguro por desempleo tiene como objetivo fundamental garantizar el mantenimiento de la renta de los desempleados. En términos conceptuales es similar a un sistema de seguro por enfermedad o por invalidez. Se trata de constituir un fondo que proporcione recursos a los individuos que sufren el riesgo que se trata de cubrir, es decir, la pérdida del empleo o la incapacidad temporal o permanente para trabajar, según sea el caso. Cuando el seguro por desempleo se diseña adecuadamente, sus efectos sobre el bienestar social son positivos. Los individuos disponen de una cobertura social frente al riesgo de la pérdida de empleo remunerado que también les permite buscar un empleo de manera más eficaz. Cuando el seguro por desempleo no se diseña adecuadamente, los desempleados permanecen más tiempo en dicha situación, lo que conlleva unos altos costes tanto individuales como sociales. Individualmente, existen pocas situaciones que supongan una mayor incertidumbre y pérdida de autoconfianza y de seguridad personal que el desempleo prolongado. Socialmente, el paro de larga duración no sólo produce un despilfarro de recursos humanos, sino también la pérdida de la cualificación profesional de los desempleados, por lo que su reinserción laboral acaba siendo más costosa.

La evidencia empírica acerca de los efectos de las prestaciones por desempleo sobre la duración del desempleo es concluyente. La relación entre las prestaciones por desempleo y el salario percibido por el trabajador en su último empleo no influye demasiado en la tasa de salida del desempleo. Incluso actúa como un 'colchón' para mejorar la asignación eficiente de parados a puestos de trabajo vacantes. Sin embargo, cuanto mayor es la duración del periodo durante el cual se tiene derecho a prestaciones por desempleo, mayor es la duración del desempleo. Las tasas de salida del desempleo disminuyen a medida que aumenta dicha duración y aumentan significativamente al final del periodo de percepción de las prestaciones. Finalmente, los países donde la supervisión, la ayuda y la asesoría laboral a los desempleados son más eficaces y existen sanciones a los desempleados por rechazar ofertas de trabajo o por no asistir a determinados programas de reinserción laboral, tienen una incidencia del desempleo de larga duración mucho menor.

Con estas premisas, el debate sobre la reforma de las prestaciones por desempleo entre sindicatos y Gobierno parece totalmente desencaminado. No se comprende que los sindicatos califiquen la propuesta de introducir una definición explícita de oferta de trabajo adecuada, cuyo rechazo daría lugar a una reducción progresiva de las prestaciones, como 'expropiación de derechos de los parados', puesto que si un parado no cumple los requisitos de búsqueda activa de empleo y de disponibilidad para trabajar que definen su situación, deja de serlo. Es como si alguien que no estuviera enfermo pretendiera cobrar un seguro por enfermedad. Tampoco resulta comprensible la oposición sindical a la reforma con el argumento de que, como el sistema de desempleo tiene superávit en la actualidad, lo que habría que hacer en todo caso es aumentar las prestaciones. Lo relevante debería ser en qué medida el seguro de desempleo cumple sus objetivos de proteger a los desempleados sin crear incentivos perversos que dificulten la salida del desempleo. El Gobierno también se equivoca si cree que solamente introduciendo sanciones a los parados que rechazan ofertas de trabajo se resuelve el problema del desempleo de larga duración. Sin una mejora sustancial de los actuales servicios públicos de empleo, que permita un uso mucho más adecuado de los fondos públicos destinados a la formación y a la inserción laboral, no aumentarán significativamente las tasas de salida del desempleo, de la misma manera que sin mejoras de los servicios de salud no disminuye significativamente el número de enfermos. En definitiva, se trata de que ambas partes, los desempleados y los servicios públicos de empleo, compartan sus responsabilidades respectivas. Los primeros, demostrando su disponibilidad a trabajar y buscando activamente empleo; los segundos, ayudando a los primeros a encontrar rápidamente puestos de trabajo vacantes.

Juan J. Dolado y Juan F. Jimeno son profesores de Fundamentos del Análisis Económico en las Universidades Carlos III de Madrid y de Alcalá de Henares, respectivamente.