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Reportaje:

Luz, policías y calma

Los vecinos del Polígono Guadalquivir de Córdoba se alzan para reclamar seguridad

Una hoja de papel va dando vueltas por las tiendas, los bares y los patios del Polígono Guadalquivir, en Córdoba. Es un escrito de la Asociación de Vecinos Amargacena, en protesta por la situación del barrio. La resumen así: 'Policía Local, muy mal. Alumbrado público, muy mal. Acerados, mal. Jardines, bien. Señalización, mal. Limpieza, regular. Tráfico, mal'. Este texto lo han firmado hasta ahora 1.500 personas. No es la única señal de que algo pasa en el Polígono, una barriada de 10.000 habitantes que últimamente ha acogido manifestaciones, cortes de carreteras y altercados violentos, y que ha suscitado ácidas discusiones políticas.

La historia arrancó el 21 de abril. Un taxista que fue atracado en el Polígono avisó a sus compañeros por la emisora. Hasta 20 acudieron en su ayuda. Los conductores y los partidarios de los tres supuestos asaltantes protagonizaron un tenso enfrentamiento. Resultado: los taxistas se negaron a dar servicio en la zona hasta que no se garantizase su seguridad. No entrarían al barrio, dijeron, si no era para una emergencia, y siempre con escolta policial.

Las paradas de taxis del Polígono están vacías desde entonces. Si uno necesita un coche, llama y lo pide. Hasta el martes pasado, cuentan los vecinos, las llamadas no tenían gran éxito, y los conductores que accedían a acudir tardaban mucho. Manuel Patiño relataba cómo tuvo que insistir para llevar a su madre al hospital. A la vuelta el taxi no quiso entrar en el Polígono, y tuvieron que andar más de un kilómetro hasta su casa. 'Estoy discriminado por vivir en este barrio. Los taxistas se comportan de forma racista y las autoridades miran a otro lado', concluía Patiño.

La primera manifestación no tardó. Tras una asamblea, el 29 de abril 2.000 vecinos salieron a la calle y cortaron la carretera de Cádiz. ¿De qué se quejaban? 'Del abandono en que nos tienen los gobernantes de la ciudad', decía Pedro Reyes, presidente de la Asociación de Vecinos Amargacena. 'La presencia policial es muy poca. Vienen dos policías locales a pie, por la mañana, dos o tres días en semana. Ni de noche, ni los fines de semana se les ve. La Policía Nacional se da unas vueltas en coche. Pero los problemas están en las calles peatonales, y allí no entran'.

Estos problemas tienen que ver con el tráfico de estupefacientes. El Polígono es uno de los lugares clásicos de abastecimiento de drogas en Córdoba. 'Aquí somos, sobre todo, gente trabajadora', explica Reyes. 'De las 3.000 familias del barrio, sólo hay unas 20 que es imposible integrar. Viven en casas de alquiler de la Junta, que nadie controla.

Se dedican a hacer la vida imposible a los demás, hasta que acaban por desalojarlos, por obligarlos a irse y venderles el piso. Legalmente los pisos son de la Junta; pero se pagan hasta cuatro millones por ellos. Estas familias se hacen con bloques enteros y los convierten en refugios perfectos, en focos de delincuencia'.

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Para pedir más seguridad y más respaldo institucional, 2.500 vecinos se manifestaron de nuevo el 7 de mayo. No hubo violencia, sí tensión. Empezaron a oírse voces. Narciso Ariza, fiscal jefe de Córdoba, recomendó en su memoria anual que, para reducir el número de delitos, las asociaciones de vecinos montasen patrullas de vigilancia, que los comerciantes contratasen seguridad privada y que se concediesen más licencias de armas.

'Eso, lo diga quien lo diga, es un disparate', atajó la alcaldesa, Rosa Aguilar. Diego Márquez, comisario jefe provincial, opinó que no se debe cargar al ciudadano con responsabilidades que le son ajenas. Añadió que no se pueden dar licencias de armas para que los particulares persigan a los delincuentes. A Reyes la propuesta del fiscal le asustó. 'Es peligrosa para el estado de derecho', afirmó. Ayer José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, recalcaba que la seguridad ha de ser pública.

La Junta Local de Seguridad se reunió el día 8 para tratar el tema. Los responsables afirmaron que Córdoba es una ciudad segura, y prometieron que en el Polígono se ampliaría la presencia policial y se mejorarían las infraestructuras. Lo que significa, por ejemplo, que se actuará en los quioscos ilegales de chucherías, en los que ya se han hecho detenciones por vender drogas; que se mejorará el alumbrado. Esta es una de las quejas más repetidas de los vecinos. '¿Ve esa farola?', pregunta Reyes. 'Lleva años ahí y no se ha encendido nunca. Y sin luz no hay seguridad posible'.

Pero no todo es luz y policías. Cerca de la Asociación de Vecinos, en la calle Libertador Simón Bolívar, hay una cancha de baloncesto que parece un trozo de la sabana africana. 'Comida de jaramagos está', dice ofendido un vecino. Las aceras tampoco ayudan. El paro es rampante, y el absentismo escolar, grave. 'Ya llevamos cinco años de involución', asegura Reyes. 'Más que gobernados nos sentimos atracados por los impuestos. Queremos más medios y más responsabilidad; queremos seguir viviendo aquí'.

Un planteamiento fallido

'Dicen los arquitectos que este barrio es el mejor diseñado de Córdoba', señala Pedro Reyes, presidente de la Asociación de Vecinos Amargacena, sin asomo de ironía. El proyecto, cuenta, comenzó a redactarse hacia 1974.

'Inicialmente se había previsto construir 16.000 viviendas, pero cuando vinimos a vivir aquí, hace 18 años, vimos que en esas condiciones sería un verdadero gueto, sin espacio alguno para jardines, colegios o áreas deportivas. Y dijimos que no se debía construir más. Participamos en la redacción del Plan Especial, y al final sólo se levantaron 3.300 viviendas. Se planearon muchos equipamientos, no sólo para nosotros, sino también para los habitantes del Sector Sur y el Campo de la Verdad; en total, 40.000 personas'.

Los dos últimos son barrios cercanos, más antiguos, que habían crecido hasta la saturación y que padecían una clara carencia de dotaciones. Pero el hecho es que los vecinos de estas zonas no acuden normalmente al Polígono a hacer uso de los equipamientos. Al revés: muchos habitantes del Polígono tratan de escolarizar a sus hijos en otras zonas, huyendo de la marginalidad. Lo proyectado tiene poco que ver con la realidad.

El problema del barrio del Polígono se repite en otras capitales andaluzas. A principios de la década de 1970, hubo una tendencia a la reubicación de familias que vivían en zonas humildes en barrios constituidos en gran parte por viviendas sociales. Así nacieron las Tres Mil Viviendas de Sevilla o La Palma-Palmilla en Málaga -en este último caso, las familias alojadas provenían de antiguos barrios de pescadores que, por su cercanía a las playas, se convirtieron en objetivo de los especuladores-. El problema fue que, pese a su correcta planificación urbanística y a la dotación de servicios, no se ofreció una alternativa económica a sus habitantes, con lo que han terminado convertidos en zonas marginales.

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