Telefónica y el Gobierno se culpan del retraso en la entrega de los móviles a mujeres maltratadas

La Fundación Telefónica, que firmó hace un año un convenio con el Gobierno regional para dotar a 15 mujeres maltratadas de un dispositivo de emergencia en caso de agresión, desmintió ayer que el acuerdo no haya sido posible por cuestiones técnicas, tal y como afirmó el Gobierno el día anterior en la Asamblea. Según la fundación, en octubre pasado quedaron solventados los problemas de este tipo y culpa al Ejecutivo de que no se disponga de ellos. El Gobierno replicó ayer que Telefónica no se ajusta a las normas de calidad exigidas para el servicio de urgencia.

El convenio para suministrar, con carácter experimental, a 15 mujeres víctimas de la violencia doméstica de un terminal telefónico que les permitiera denunciar su situación fue suscrito hace un año entre la Fundación Telefónica y la Consejería de Servicios Sociales, a cuyo frente se encuentra Pilar Martínez. El jueves, en el pleno de la Asamblea, la diputada socialista Mari Luz Martín Barrios preguntó cómo era posible que todavía no se hubiera puesto en marcha el programa. La Dirección General de la Mujer, dirigida por Asunción Miura, era la encargada de llevar a cabo este compromiso. Entonces dependía de la Consejería de Servicios Sociales; hoy depende de la Consejería de Trabajo, encabezada por el consejero Luis Peral.

Por ello, Peral aclaró ante el pleno de la Cámara que el retraso en poner en marcha el acuerdo había que achacarlo a problemas técnicos de Telefónica, pero, que una vez resueltos, el plan para proteger a las mujeres maltratadas se haría efectivo lo más pronto posible.

Tecnología suficiente

Ayer mismo, fuentes de la Fundación Telefónica reaccionaron con indignación a las palabras del consejero: ni había razones técnicas, ni la demora del servicio podía echarse sobre las espaldas de la fundación. Según las mismas fuentes, desde el pasado mes de octubre se contaba con la tecnología suficiente para atender cualquier demanda del convenio suscrito con el Gobierno regional. Bien es verdad que reconocieron que los requisitos exigidos por el 112 -servicio de urgencias regionales que tendría que hacerse cargo de las llamadas y que depende de la Consejería de Medio Ambiente, encabezada por Pedro Calvo Poch- habían hecho muy laborioso desarrollar el acuerdo.

En parecidos términos se pronunció el coordinador general de la Fundación Telefónica, Roberto Velázquez, que aseguró que esta institución había hecho todo lo posible para cubrir las demandas del servicio de atención a mujeres maltratadas. En tono conciliador, Velázquez dijo: 'Es cierto que hay una gran complejidad para atender bien todas las llamadas. Pero por nuestra parte hemos tratado de resolver cualquier problema'.

Un portavoz del 112 señaló ayer que Telefónica no alcanzaba los 'niveles de excelencia' que reclamaba este servicio regional y que tenía que solventarlos, al igual que hacen todas las empresas adscritas. Mencionó que, tras una hipotética llamada de auxilio de una mujer, no quedaría constancia de la hora exacta de la llamada, y que ésta no asegura el lugar exacto donde se encuentra la mujer que está reclamando el auxilio.

Pero una nota interna del servicio 112, firmada por su gerente, Raimundo Herraiz, y a la que tuvo acceso ayer este periódico, era mucho más contundente con Telefónica. En concreto, afirma: 'Fundación Telefónica en ningún momento ha cumplido, ni siquiera mínimamente, con los requerimientos tecnológicos que este proyecto precisa. (...) La Fundación Telefónica ha manifestado permanentemente una indefinición absoluta no sólo en los aspectos técnicos, sino también en los de seguridad y mantenimiento'. La nota hace así referencia a que la fundación quería 'realizar la experiencia piloto directamente con mujeres en situación de riesgo, con el evidente peligro que eso conlleva, no para el proyecto, sino para la seguridad física de estas mujeres'.

Y concluye: 'De todo lo anterior se deduce claramente que lo único que ha impedido que este proyecto no esté en funcionamiento ha sido el incumplimiento reiterado de la Fundación Telefónica de las mínimas garantías de seguridad que exige este proyecto'. La fundación replica que el servicio funciona en Gijón (Asturias) desde hace meses. Pero la Comunidad dice que eso no le vale.