Interior rechaza la pretensión de la APM de poner doble escolta a todos los jueces y fiscales vascos

Los números dos de Interior de los gobiernos central y vasco consideraron ayer 'suficientes' las actuales medidas de seguridad personal que se prestan a los jueces y fiscales que trabajan en el País Vasco y rechazaron la petición de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de generalizar la doble escolta a los 270 magistrados y fiscales vascos. Pese a todo, los responsables de Interior admitieron, según un comunicado de los jueces, 'deficiencias' en la prestación del actual servicio de protección y mostraron su disposición a examinar y poner 'remedio' a las mismas.

El secretario de Estado de Seguridad, Pedro Morenés, y el viceconsejero de Seguridad del Departamento de Interior, Mikel Legarda, mantuvieron ayer el encuentro anunciado con representantes de la judicatura vasca, encabezados por el presidente del Tribunal Superior Justicia, Manuel María Zorrilla, la viceconsejera de Justicia, Esther Larrañaga (EA), y representantes de la Fiscalía para tratar las 'deficiencias' apreciadas en materia de seguridad.

Tras el asesinato del magistrado de la Audiencia de Vizcaya, José María Lidón, el 7 de noviembre de 2001, los responsables de Interior pactaron con los jueces dotar paulatinamente de escolta a los 273 jueces, magistrados y fiscales que entonces estaban destinados en el País Vasco. Durante las últimas semanas, grupos de magistrados y la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, revelaron un cúmulo de 'deficiencias' en los operativos de seguridad del que disfrutan, lo que motivaron la cita de ayer en la Audiencia de Vizcaya.

'Protección perfectible'

Los responsables de Interior, durante la reunión de dos horas mantenida en Bilbao, explicaron a la representación de los jueces que consideran 'la protección actualmente dispensada es suficiente, aunque 'perfectible', según un comunicado leído al término de la reunión por Manuel María Zorrilla, en presencia del juez decano de Bilbao y de la presidenta de la Audiencia vizcaína, Ana Iracheta, y de los representantes de la APM, María Concepción Marco Cacho, y de Jueces para la Democracia (JpD), Manuel Díaz de Rábago.

Fue precisamente la representante de la APM la que reveló públicamente a finales de abril las 'insuficiencias' en los servicios de protección a jueces y magistrados que trabajan en el País Vasco y abogó abiertamente por generalizar la doble escolta a los jueces y fiscales, una medida de seguridad directa que únicamente ha sido facilitada a las personas que, bien por su rango o porque han aparecido en la documentación incautada a los diferentes comandos de ETA, son catalogadas por los expertos policiales como un objetivo prioritario. Pocos días después, el portavoz nacional de Jueces para la Democracia, Miguel Carmona', calificó de 'suficientes' las medidas de seguridad, aunque apuntó la necesidad de mejorar el operativo policial en la medida de lo posible. Y destacó la disposición de Interior a estudiar las demandas planteadas.

El presidente del alto tribunal vasco expuso en la reunión de ayer las 'deficiencias' denunciadas por 'no pocos' jueces que ejercen en Euskadi. Pero la respuesta de ambos responsables de Interior fue coincidente: 'La protección actual es suficiente, aunque mejorable'. Tanto Legarda como Morenés, que el día previo habían mantenido una reunión en Arkaute para estudiar las medidas de seguridad de carácter personal para los colectivos amenazados por ETA, admitieron la necesidad de 'analizar' y en su caso 'revisar' los operativos para enmendar los 'defectos' denunciados. Los responsables de Interior de ambos gobiernos se comprometieron a 'remediar', según el comunicado de los jueces, las deficiencias comprobadas.

Tras el encuentro, la presidenta de la APM en el País Vasco no ocultó su malestar y descontento por el resultado del mismo. La pretensión de la asociación conservadora de colocar a todos los jueces y magistrados un dispositivo de doble escolta no había sido admitido.

'Buena disposición'

Por contra, el miembro de la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco y representante de Jueces para la Democracia, Manuel Díaz de Rábago, destacó tras la reunión la 'buena disposición' de los representantes de Interior de ambos ejecutivos para mejorar los actuales niveles de seguridad que se prestan a este colectivo amenazado por ETA.

Lo cierto es que los jueces no fueron capaces de arrancar en la reunión a Interior más que una disposición a 'revisar' los sistemas de seguridad de manera individualmente. Se da la circunstancia de que otros colectivos, como los cargos electos de las de las formaciones constitucionalistas, han logrado incorporar el concepto de 'zona de riesgo' como uno de los factores a tener en cuenta por los expertos policiales en seguridad personal de ambos ejecutivos a la hora de dotar de doble escolta a las personas amenazadas en algunas áreas.