Javier de la Rosa será juzgado por estafa en Grand Tibidabo

La Audiencia de Barcelona dictó ayer la apertura de juicio oral contra Javier de la Rosa por el caso Grand Tibidabo. La apertura de juicio, dictada por el magistrado instructor Joaquín Aguirre, está basada en los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad, que el financiero cometió presuntamente para descapitalizar Grand Tibidabo. Asimismo, el magistrado dictó juicio contra otras personas vinculadas a Grand Tibidabo: Florencio Cerdà, Joan Cruells, Carolina Malagelada, Arturo Piñana, Ramon Fiter, Mercedes Misol y Manuel de Prado y Colón de Carvajal.

El auto judicial dictado ayer cierra siete años de instrucción sumarial y desestima los últimos recursos presentados por los defensores de los imputados. Javier de la Rosa se sentará finalmente en el banquillo para responder por la descapitalización de Grand Tibidabo, que provocó importantes pérdidas a más de 8.000 pequeños accionistas que tenía la sociedad cuando, en 1992, el financiero se hizo con el control.

El fiscal pide para Javier de la Rosa 13 años de prisión, a quien le imputa una quincena de operaciones fraudulentas por descapitalizar Grand Tibidabo en más de 10.000 millones de pesetas. Estas operaciones involucran a empresas vinculadas directa o indirectamente con De la Rosa, como Quail España, Nuevo Atardecer, Nueva Madrugada, Acie, Pinyer, Mexans, y a sociedades de amigos del financiero.

Fianzas civiles

En cuanto al resto de acusados, el fiscal pide 10 años de cárcel para Joan Cruells; 7 para Cerdá; 4 para Manuel Prado; 6 para Arturo Piñana; 4 para Carolina Malagelada, y 4 para Ramón Fiter. El juez, recogiendo las peticiones de la fiscalía y de las distintas acusaciones particulares, en nombre de pequeños accionistas de Grand Tibidabo, ordena a las ocho personas que irán a juicio que depositen en el plazo de un día fianzas civiles que se elevan a 96 millones de euros (unos 16.000 millones de pesetas).

La sociedad Complata Iberconsulting, principal accionista actual de Grand Tibidabo con el 10,19% del capital, defendió ayer la viabilidad económica de la compañía, que está declarada en quiebra. El representante legal de Complata, Javier Bruna, manifestó que Gran Tibidabo dispone de activos suficientes para pagar las deudas, que suman 24,04 millones de euros (4.000 millones de pesetas), y salir de la situación de quiebra declarada. Según Bruna, Grand Tibidabo mantiene la propiedad de los terrenos en los que se asienta la clínica Teknon de Barcelona, así como del 27% de la empresa Marina Port Vell, propietaria de más de 30 fincas, inmuebles y locales, y de unos 4,20 millones de euros.

La sociedad Complata Iberconsulting pertenece en la actualidad a la viuda de Alfredo Sánchez Bella, ex presidente de Grand Tibidabo, que celebra su junta de accionistas el próximo miércoles.

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