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Las defensas de Conde y Romaní rechazan la petición de incluir más delitos en la casación del 'caso Banesto'

Las defensas de los condenados Mario Conde y Arturo Romaní rechazaron ayer la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo y de las acusaciones de que se dicte la casación de la sentencia del caso Banesto con nuevos delitos como la operación de retirada de caja de 300 millones de pesetas, que afecta sólo al ex presidente del banco, y la de artificios contables, que implicaría también a otros ex miembros de la comisión ejecutiva de la entidad.

El abogado Antonio García-Pablos rechazó ayer la pretensión de las acusaciones de incluir la operación de los 300 millones y pidió que se mantenga la sentencia de la Audiencia Nacional dictada en marzo de 2000.

Las acusaciones sostienen que el pago -presuntamente político, según Conde- se hizo a través de dos operaciones diferentes, por lo que deben ser calificadas como delito continuado. En tal caso, los hechos prescriben a los diez años. La Audiencia Nacional, precisamente, rechazó el argumento del delito continuado y estableció que los hechos habían prescrito a los cinco años de haber sido cometidos. Por ello, no condenó a Conde. García-Pablos dijo que la 'contabilización [en dos pagos] es un hecho secundario, accesorio e irrelevante'.

El letrado también rechazó la revisión de la sentencia para calificar los artificios contables como delito. Según dijo, en Banesto pudo haber 'irregularidades' en las cuentas y balances de los años 1992 y 1993, pero subrayó que ni su cliente ni los demás administradores del banco tenían que responder penalmente por ellos por no ser delitos.

La defensa de Arturo Romaní, ex consejero delegado de la Corporación Industrial, señaló que su cliente no pudo participar en la manipulación de las cuentas del banco, ya que ni siquiera era miembro de la comisión delegada.

Ayer, la defensa de Fernando Garro cuestionó tanto los hechos como las pruebas -inexistentes, según dijo- valoradas para condenar a su cliente por apropiación indebida de 1.550 millones de pesetas en la operación de locales comerciales. El letrado de Rafael Escolar comenzó a exponer y continuará hoy.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de mayo de 2002