El PSPV defiende la vigencia del Pacte pel Valencià y considera que la actitud del Consell 'no es leal'

Los socialistas valencianos iniciaron ayer una serie de contactos con fuerzas sociales y culturales comprometidas con la defensa de la lengua autóctona para reafirmar las posiciones de apoyo al Pacte pel Valencià firmado hace un año por el PP y el PSPV. El portavoz socialista en las Cortes, Joaquim Puig, se entrevistó ayer con representantes del sindicato UGT y hasta el próximo viernes, en que está prevista una reunión de la comisión de seguimiento del Pacte, hará otro tanto con CC OO, STEPV, el Gremio de Editores, la Federación de Padres de Alumnos, el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, la Federació Escola Valenciana y el rector de la Universidad de Valencia, Francisco Tomás.

Puig señaló que los socialistas están 'por la continuidad' del Pacte, pero no como 'papel mojado', sino como instrumento para lograr la normalización del valenciano. 'No queremos que se juegue con esto', aseguró Puig, quien acusó al Consell del PP de mantener en este asunto una posición que 'no es leal'. Para los socialistas, las últimas decisiones del Consell en materia lingüística demuestran que los populares 'no han interpretado de una manera leal lo acordado en el Pacte pel Valencià'. Además, según Puig, 'en los años en los que el PP ha estado en el Gobierno de la Generalitat no se ha dado un impulso para la normalización del valenciano'.

La crítica se dirige en concreto hacia la última decisión del Consell, que el 25 de abril aprobó un decreto que regulará la provisión de plazas docentes -publicado el pasado jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana- en el que ha eliminado la acreditación del conocimiento del valenciano para la vía del concurso de traslados, las comisiones de servicios y las sustituciones. Sólo mantiene el requisito para quienes accedan por primera vez al cuerpo de funcionarios. También elimina la equivalencia de la Filología Valenciana y Catalana, así como las disposiciones transitorias que obligaban a los funcionarios de carrera que carecieran de la acreditación a reunir las condiciones en un plazo de cinco años.