Los litigantes del templo 'ilegal' dicen que la Iglesia ha puesto al barrio en su contra

El arzobispado intenta evitar que se aplique la orden de derribo de una parte de la parroquia

Mientras los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de las Fuentes, en el barrio del Pilar (Fuencarral), rezan para que no sea demolida la parte ilegal de la iglesia, dos personas se sienten señaladas por un dedo inquisidor. Son los dos vecinos que denunciaron, hace 13 años, que el templo estaba demasiado cerca de sus casas. Estos dos ciudadanos dicen que les ha dado fuerza tener la razón, avalada ahora por una sentencia del Tribunal Superior que obliga a derruir 100 metros de la parroquia porque no cumple las leyes urbanísticas. Pero han dejado de vivir tranquilos porque se sienten presionados por sus convecinos. Por eso piden a la Iglesia que llame a la calma y no 'enardezca' los ánimos.

María T. llevaba cuatro años viviendo en la calle de Villa de Marín, en el barrio del Pilar, cuando comenzaron los trabajos para construir una iglesia muy cerca de su vivienda. Eso fue en enero de 1988. Cuando volvió de vacaciones, a finales de agosto de ese año, y vio cómo iban las obras, se le cayeron las maletas del susto. 'Regresé de las vacaciones y me encontré con el muro. Tardé en subir a mi casa de la impresión', recuerda ahora. Desde entonces, ese muro, perteneciente a la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes, le ha tapado 'la luz, la vista y el aire'.

El Tribunal Superior de Justicia ordenó ya en 1993, cuatro años después de la denuncia interpuesta por María T. y por otro vecino afectado, la demolición de parte del templo por no cumplir con las leyes urbanísticas: éstas fijan una distancia mínima de 12,6 metros entre ese tipo de construcciones y cualquier bloque de viviendas, mientras que Nuestra Señora de las Fuentes estaba a sólo 7,22 metros del número 41 de la calle de Villa de Marín.

Los recursos que ha presentado el arzobispado desde entonces han logrado retrasar en sucesivas ocasiones la ejecución de aquella orden de demolición. Pero el pasado enero el Tribunal Superior conminó al Ayuntamiento a derribar al fin los 100 metros de iglesia que invaden la zona de viviendas, y en abril confirmó la orden.

Impotencia y miedo

A lo largo de tantos años, María ha sentido emociones muy diferentes: 'Impotencia, inquietud, miedo, perplejidad e indignación'. Tanto ella como su vecino Abdón R., el otro denunciante, afirman que la tensión que se vive en el vecindario resulta insoportable. 'Ha habido presiones por parte de los vecinos. No estamos tranquilos. Nosotros sólo somos ciudadanos normales que compramos nuestra vivienda con mucha ilusión. Los vecinos nos miran mal, no nos comprenden. Y no estamos exentos de que algún día nos pueda pasar algo', teme María. Y añade: 'Pensaba que era una persona anónima, pero estamos señalados. No es agradable vivir así'.

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Su compañero de litigio precisa que les han 'injuriado' llamándoles 'peseteros y muchas cosas más'.

María y Abdón piensan que el arzobispado está manipulando a los feligreses. Nada más dictar sentencia el Tribunal Superior, el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, llamó a los fieles a la oración para que Dios 'cambie corazones y formas de actuar', y afirmó que espera que un milagro impida el derribo. La fachada de la parroquia está llena de pancartas en contra de la decisión de los jueces. 'Todo esto ha creado un conflicto de vecindario. La Iglesia ha desplegado todos sus medios, ha instigado a los feligreses desde el púlpito, les ha malmetido', asegura indignada María.

El abogado de los dos vecinos, Javier Dorca, añade que, aunque ambos retiraran ahora la denuncia, la sentencia debe cumplirse porque 'el tipo de acción judicial iniciado en su día [acción pública urbanística] no admite ningún tipo de transacción o acuerdo y la ejecución debe seguir de oficio. Así lo establece la ley', subraya.

María T. cree, además, que todo este conflicto se podría haber evitado. 'Por eso no estoy contenta, porque es una destrucción que además no tendría por qué haber ocurrido', dice. La comunidad de vecinos, cuando se dio cuenta de que la parroquia se estaba construyendo demasiado cerca de la vivienda, fue a hablar con el párroco. 'Pero no nos hizo caso, y las obras siguieron adelante', cuentan los dos litigantes.

María y Abdón recuerdan que la sentencia les ha dado la razón, y con ella, también la fuerza. 'Si el tribunal emite una sentencia, hay que acatarla', remarcan. 'Todo esto es mucho más simple. Yo no voy contra una iglesia, sino contra un muro', añade María. Ahora sólo quieren vivir tranquilos. Por eso han pedido al cardenal Rouco Varela y al párroco de Nuestra Señora de las Fuentes, Eusebio Caña, que 'llamen a los feligreses a la calma'.

'¿Por qué tenemos que irnos?'

La semana pasada, dos feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de las Fuentes ofrecieron a los vecinos litigantes permutarles sus casas a cambio de que retiraran la denuncia. Al menos eso dijo el párroco, Eusebio Caña, pero hasta el momento los dos vecinos de la calle de la Villa de Marín no han recibido directamente ninguna oferta. Y, aunque la recibieran, no dejarían sus casas. 'Aunque les ofrezcan el palacio de Liria, parte de la iglesia va a tener que tirarse', afirma el abogado de los denunciantes, Javier Dorca. Algo que confirmó el mes pasado el gerente de Urbanismo, Luis Armada: 'El derribo es inminente'. Las presiones que sufren los litigantes, María T. y Abdón R., no les han hecho ni plantearse cambiar de casa. 'Yo llevo aquí toda la vida', dice Abdón. '¿Por qué me tengo que ir, si los jueces han sentenciado que ese muro es ilegal?', se pregunta. Y agrega: 'No tengo nada en contra de la Iglesia, pero la democracia conlleva que la justicia se aplique a todos por igual. Me preocupa que las leyes no se cumplan, ya no como parte implicada en el caso, sino como ciudadano'. El Ayuntamiento ha elaborado un proyecto de demolición que, según fuentes municipales, empezará a ejecutarse en dos semanas. Los peritos ya intentaron la demolición hace años, pero nunca lo lograron. En junio de 2000, un grupo de feligreses se encerró en la parroquia para evitar que se tirara parte del templo. No hizo falta que prolongaran mucho el encierro, ya que al poco tiempo el arzobispado presentó un recurso ante el Tribunal Supremo que retrasó la ejecución de la sentencia. Tres años antes, los funcionarios municipales que debían ejecutar el derribo se fueron por donde llegaron porque 500 fieles impidieron que comenzaran las obras. Los jueces llegaron a sospechar que desde el Consistorio, poco amigo de derruir la iglesia, alguien avisaba a los feligreses de la hora de llegada de los técnicos para que evitaran el derribo. La semana pasada, el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, celebró en la polémica iglesia una misa para pedir un milagro que impidiera la demolición parcial de la iglesia, y exhortó a los fieles a rezar para evitarlo. Rouco Varela recordó en esa misa que la Iglesia siempre ha acatado las decisiones de la autoridad legítima.

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