Melilla quiere devolver al Gobierno las competencias sobre menores

Melilla quiere que el Gobierno multiplique por cuatro la partida anual de 1,5 millones de euros que ahora recibe para atender sus responsabilidades sobre menores. Para lograrlo, amenaza con devolver las competencias en la materia, que ejerce desde 1997. Su presidente, Juan José Imbroda, afirma que no tiene capacidad ni presupuesto para hacerse cargo de los casi mil jóvenes marroquíes que espera que lleguen ilegalmente a la ciudad este año.

El presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda (UPM), reunirá un consejo de gobierno extraordinario el próximo lunes para debatir la situación y pedir al Ejecutivo central un aumento de la dotación presupuestaria. En caso contrario, estudiaría la posibilidad de devolver esta competencia,

aunque fuentes de la ciudad lo consideran jurídicamente inviable. Imbroda declaró ayer que 'la ciudad no puede soportar más la situación, totalmente desbordada, con más de 180 niños atendidos' en cinco centros de acogida, que tienen capacidad sólo para la mitad.

Cuando Melilla y el Gobierno pactaron la transferencia de las competencias sobre menores, la dotación presupuestaria prevista fue de 1,5 millones de euros. El gasto real en este momento es cuatro veces mayor: 'Es de 1.000 millones de pesetas , pero el aumento en la llegada de niños está siendo extraordinario, con un crecimiento del 70% respecto al año pasado, por lo que creemos que si en 2001 hubo más de 500 entradas, la cifra puede llegar este año al doble', afirma la consejera de Bienestar Social de la ciudad, Isabel Quesada (PP).

El Gabinete de coalición que gobierna Melilla desde julio de 2000 está formado por tres diputados de Unión del Pueblo de Melilla, cinco del PP, dos del PSOE y cuatro del Grupo Mixto, tres procedentes del GIL y otro de un partido independiente. La ayuda que pedirá al Gobierno incluirá 'un aumento de la vigilancia en la frontera y una petición al país vecino para que su control sea verdaderamente efectivo', señala Quesada. Imbroda entiende que 'hay una mano negra detrás de la llegada de menores indocumentados desde Marruecos'. El presidente recalca que 'el mal comportamiento' de algunos de estos jóvenes plantea 'una situación insostenible'. 'Acaban de ponernos una sanción de cinco millones de pesetas como tutores de unos chicos por un intento de violación', precisa.

El delegado del Gobierno, Arturo Esteban, defendió ayer 'la reintegración familiar a Marruecos de 72 jóvenes en el último año'. Esteban sostiene que se trata del reagrupamiento familiar recogido en la ley del menor. Entiende que estas decisiones son legales, aunque 17 de ellas han sido recurridas por el fiscal. 'La Ley dice que hay que comunicárselo a la Fiscalía, pero no dice que haya que hacerlo previamente; no tenemos nada que ocultar; si hay que hacerlo antes, se hace'. Al juez de menores sólo se le notifica 'en caso de que tenga alguna causa pendiente con la Justicia española, la reintegración es un acto administrativo, no judicial', añadió.

'Pedimos instrucciones a la embajada de Marruecos en España y se nos comunicó que para el reagrupamiento familiar se entregaran los jóvenes en Nador los de Melilla y en Tetuán los de Ceuta. Se los entregamos a las autoridades, porque no sabemos quiénes son los padres', explica Esteban. El delegado del Gobierno rechaza por completo que estos jóvenes hayan sido objeto de malos tratos por parte de la policía: 'España es un Estado que defiende y practica los derechos humanos, se dice que utilizamos porras [con descargas] de alto voltaje, y ni ése es el procedimiento, ni las tenemos siquiera'.