1º de mayo reivindicativo, naturalmente
Suele ser habitual que, con motivo de la celebración del 1º de Mayo, muchos se hagan esta pregunta: ¿tiene sentido en el mundo en que vivimos -y en España- celebrar el Día del Trabajo como jornada reivindicativa? Bien, tengo la impresión de que este año, a la vista de lo que está pasando, hasta la mera enunciación de la pregunta resultará superflua para todo el mundo, dada la evidencia de su respuesta afirmativa.
Está, por un lado, el planteamiento del Gobierno de la nación de presentar un proyecto de reforma del sistema de protección al desempleo que, lejos de tener como objetivo crear empleo, en todo su enunciado lo único hacia lo que parece apuntar es a la reducción del gasto público en esa protección, incluso aunque ese gasto se haya recortado en los últimos tiempos o aún por encima de la evidencia de que el saldo entre las cotizaciones sociales y las prestaciones por desempleo alcanzó el año pasado los 3.700 millones de euros, cantidad con la que se financian otras políticas públicas..
En esa obsesión por el recorte del gasto, al Gobierno de la nación no le importa utilizar argumentos que dejan 'a los pies de los caballos' a dos colectivos como el de los desempleados y los inmigrantes, de los que nadie en su sano juicio puede decir que sean privilegiados ni que sean culpables de su desgraciada situación. Decir que 'no se puede obligar a los trabajadores a que sigan pagando la insolidaridad del parado que no quiere trabajar' es poner el problema del paro y la mancha del fraude en el lado más débil de la cadena, además de una demagogia sin nombre, por las consecuencias que puede causar sobre la imagen de un colectivo bastante traumatizado ya por no poder encontrar trabajo. Ésta forma de actuar es más propia de quien pretende enfrentar a diversos colectivos sociales que de quién tiene la obligación de buscar soluciones a sus problemas.
Una consideración semejante merece la también desafortunada relación establecida entre los jornaleros eventuales del campo y el trabajo de los inmigrantes. A los primeros se les tilda de defraudadores sistemáticos, motivo por el cual tienen que venir los inmigrantes, como si éstos no tuviesen derecho a buscarse el pan allí donde sea posible. Con ello, no hace sino alimentar una cierta animadversión que en otros territorios surgió hacia Andalucía en tiempos pretéritos (fomentada por ellos mismos) por supuesto trato de favor (¡cómo si el fraude del subsidio de desempleo agrícola fuese de proporciones desmesuradas en comparación con el de otros sistemas públicos: el fiscal, por ejemplo!). Si esto es hacer política de integración y procurar la superación de los conflictos con actitudes comprensivas hacia las necesidades de todos, que venga Dios y lo vea.
Claro que esa actitud no nos es extraña a quiénes tenemos que lidiar con otros exabruptos gubernamentales, como es el caso de la Junta de Andalucía y el ninguneo a que nos tiene sometido el Gobierno del PP de Madrid. Los desplantes en situaciones de crisis (Santana), el desmantelamiento de empresas públicas (Cetarsa), la nula cooperación de otras empresas públicas o semipúblicas enraizadas en nuestra comunidad (Sevillana-Endesa), la discriminación en los fondos del Plan Nacional de Empleo y otros hechos similares dan a entender que el Gobierno del PP se ha propuesto crear todos los problemas posibles a esta comunidad, sin importarle si los primeros perjudicados son los ciudadanos.
Lo mismo cabe decir de las últimas propuestas de reforma del sistema de protección del desempleo en general y el del campo en particular. Da la sensación de que el Gobierno del PP, en su segunda legislatura, se ha atribuido una omnipotencia arrogante para llevar a cabo reformas que, tradicionalmente, se han realizado desde el consenso social y con el conjunto de las administraciones implicadas.
Porque no debe olvidarse que, aunque las competencias respecto de la Seguridad Social y el sistema de protección del desempleo están en el ámbito de la administración central, las vinculaciones con las políticas activas de empleo (que están transferidas a la mayoría de las comunidades autónomas o en vías de hacerlo, en el caso de Andalucía) lleva a que sea conveniente que el conjunto de las administraciones, estatal y autonómicas, compartan los objetivos de las reformas; además, por supuesto, de los principales agentes implicados, las organizaciones representativas de los trabajadores. Y qué decir de la pretensión de suprimir el sistema de protección del desempleo eventual agrario, en el que están también afectadas las administraciones locales. No faltan motivos, como se ve, para que la reivindicación en este 1º de Mayo sea ejercida no sólo por los trabajadores sino también por las mismas administraciones locales y por la andaluza que aspiran a hacer una política que favorezca el bienestar social y que utilice el consenso como método para afrontar las transformaciones necesarias en los sistemas de protección social.
José Antonio Viera Chacón es consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
