'El rechazo de Barcelona al PHN ha deshecho la política de confrontación territorial'

En la década de 1960 el proyecto de trasvase de aguas del Ebro a Barcelona provocó una fuerte confrontación entre aragoneses y catalanes y, ayer, el presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias (Bonansa, Huesca, 1951), recordó en Barcelona que de aquel proyecto, que no se llevó a la práctica, lo que ha quedado es la forzosa aplicación en Barcelona de una buena política de aguas, basada en la racionalización de la demanda. Lo contrario, explicó en una conferencia dictada en Tribuna Barcelona, en los salones del hotel Ritz, de lo que hace el actual Plan Hidrológico Nacional, que es un proyecto basado en aumentar la oferta. Ahora, sin embargo, el nuevo intento de trasvase convulsiona a Aragón, pero no ha enfrentado a aragoneses y catalanes.

'Nos toca aguantar dos años hasta que acabe la mayoría absoluta del PP'

'Pujol y yo no queremos que el PHN afecte a las relaciones institucionales'

Pregunta. Usted sostiene que el rechazo al Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha unido a catalanes y aragoneses. Pero lo cierto es que la posición del Gobierno de Aragón es exactamente la contraria de la del Gobierno catalán, que apoya el PHN y el trasvase. ¿Como encaja esto?

Respuesta. Yo tengo muy presente la votación del Parlamento catalán en la que con el 90% de los votos de la cámara se dijo claramente que no al PHN.

P. Sí, pero lo cierto es que, posteriormente, los votos de la coalición que gobierna en Cataluña, Convergència i Unió (CiU), fueron favorables al PHN en el Congreso y el Senado.

R. Estoy convencido de que si el Gobierno de CiU hubiera tenido otra situación en el Parlamento catalán, su posición en las Cortes respecto al PHN habría sido otra. Y no se habría sometido al desgaste que le produce la situación actual.

P. Puede que fuera así, pero esto no ha impedido a la coalición dirigida por Jordi Pujol dar un aval al PHN sin el cual era políticamente inviable aprobarlo. ¿Cree que habría sido posible aprobar el PHN sin el consentimiento del Gobierno de Cataluña ni el de Aragón?

R. Pienso que no, que no habría sido posible. Creo que CiU no habría apoyado el PHN si no estuviera tan seriamente condicionada por el PP en el Parlamento catalán. Pero también pienso que si en la proxima legislatura no hay una mayoría absoluta en las Cortes, la posición de CiU evolucionará de forma positiva para nosotros.

P. ¿Cómo están sus relaciones con el Gobierno de Pujol?

R. Son buenas. Y lo son porque los dos queremos sacar este problema de la relación de buena vecindad que deseamos tanto para la dinámica social como la institucional entre Aragón y Cataluña.

P. Pues en las últimas semanas CiU ha lanzado en las comarcas catalanas del Ebro una campaña contra el Pacto del Agua que usted y su Gobierno defienden como imprescindible para Aragón.

R. Algo me ha llegado de esto.

P. Y en esta campaña CiU presenta el contenido del Pacto del Agua como algo tan contrario a los intereses de las comarcas catalanas del Ebro como puedan serlo el PHN y el proyecto de trasvase.

R. El Pacto del Agua es un acuerdo que afecta a toda la cuenca del Ebro, que fue firmado en 1995 por todas las fuerzas políticas. Expresa un consenso alcanzado entre todos los partidos de las comunidades del valle del Ebro, incluidos CiU y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Por tanto, quienes lo utilicen ahora en clave de confrontación tienen que saber que van contra lo que en su día acordaron.

P. Más allá de las posturas de los partidos ¿servirá la común oposición al trasvase en Aragón y Cataluña para desactivar el anticatalanismo existente en algunos sectores de opinión?

R. Cuando quedó tan claro, en las manifestación del 10 de marzo contra el PHN y el trasvase del Ebro, que Barcelona estaba contra ese proyecto se descoyunturó toda la política basada en la confrontación territorial. Hoy, el PHN no produce tensión entre Zaragoza y Barcelona. Ver en los balcones de Barcelona tantas o más pancartas con la leyenda No al trasvase como en Zaragoza ha sido fundamental para deshacer el intento de enfrentar a aragoneses y catalanes.

P. Si el PHN no ha afectado negativamente la relación del Gobierno de Aragón con el de Cataluña, ¿puede decir lo mismo respecto al Gobierno de España?

R. Con el Gobierno del PP todo será muy complicado en los dos próximos años, mientras haya mayoría absoluta en las Cortes. Ahora nos toca aguantar, pasar estos dos años hasta que acabe la mayoría absoluta del PP. Pero he de recordarle que proyectos como los del PHN y del trasvase del Ebro no se elaboran ni se ejecutan en cuatro días. Ahora mismo no está ni siquiera encargado el proyecto para realizar el trasvase. Y eso es algo que no se hace en menos de un año. Aznar es un presidente con fecha de caducidad.

P. Bien, pero ese año pasará y el Gobierno está decidido a ejecutar el PHN.

R. Nosotros hemos tenido mucho interés en que este problema, el del PHN, no sea una cuestión entre Aragón y el Gobierno de Aznar. Hemos querido que sea un problema de toda España y de Europa. Hablamos con la comisaria Margot Wallström, con el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. Porque es un proyecto que va contra la normativa europea. Y tenemos a nuestro favor la resolución del Parlamento Europeo que le dice a la Comisión que no financie trasvases porque es mal modelo de política hidráulica.

P. Ha dicho en su conferencia que siguen pendientes algunos conflictos entre Aragón y Cataluña, y ha citado los del Archivo Histórico de la Corona de Aragón y los objetos de arte de las parroquias de la Franja que están en Lleida. ¿Cuál es la posición de su Gobierno en ellos?

R. Tras cinco siglos de compartir un proyecto conjunto, Aragón y Cataluña entraron en 1707 en una larga etapa de incomprensión, de darse la espalda. Y de eso quedan rémoras. Un conflicto de límites que algunos radicales han agitado; el conflicto del agua de la década de 1960, que ahora se plantea de otra forma; y el asunto del patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Pues bien, el Vaticano decidió que los límites eclesiásticos coincidieran con los políticos y ahora hay una comisión eclesiástica que trabaja para ver cómo se incorpora a la diócesis de Monzón-Barbastro el patrimonio artístico de las parroquias. Somos partidarios de que se aplique la decisión de Roma, pero es un asunto que está en manos eclesiásticas.

P. ¿Y sobre el patronato del Archivo de la Corona de Aragón?

R. No cuestionamos que esté en Barcelona, donde ha estado siempre. Los estatutos de autonomía de las cuatro comunidades que en su tiempo formaron el antiguo Reino de Aragón (Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia) dicen que ha de crearse un patronato para dirigirlo y nosotros queremos que se constituya. Quiero decir que el Archivo está muy bien gestionado y que la creación del patronato es algo que no hace daño a nadie.