Los fiscales plantan a Saldaña por sus críticas sobre el 'exceso' de internamientos de menores

La mayoría de fiscales de menores dieron el plante a la Consejería de Asuntos Sociales y no acudieron ayer a unas jornadas de coordinación entre jueces y fiscales en Ronda(Málaga). La protesta colectiva de los fiscales es la respuesta a las manifestaciones hechas el 5 de abril por el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, quien los culpó de recurrir de manera 'excesiva' al internamiento de jóvenes delincuentes en vez de optar por medidas alternativas de reinserción. También les ha contrariado que la Junta no contara con ellos en la organización de las jornadas.

A la sesión de apertura, celebrada ayer tarde en Ronda, sólo asistieron los fiscales de Algeciras. Los demás, que habían recibido una carta personal del consejero invitándoles a acudir al encuentro para profundizar en la coordinación en aquello asuntos que competen a jueces, fiscales y Administración autonómica, no aparecieron. Sí concurrieron, en cambio, los equipos técnicos de apoyo de juzgados y fiscalías.

El consejero de Asuntos Sociales, por su lado, suspendió su presencia en el acto de apertura por 'problemas de agenda'. El mismo motivo planteó el fiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón, que ayer presentó un libro en Sevilla. Todas estas circunstancias fueron interpretadas entre los fiscales como un 'fracaso relativo' de la reunión organizada por la Junta.

El desencuentro entre los fiscales con, por un lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, y la Consejería de Asuntos Sociales se remonta a comienzos de abril cuando fue presentada la memoria del tribunal andaluz. La memoria criticaba a los fiscales por preferir los internamientos cautelares de menores antes que aplicar las medidas de reinserción que contempla la nueva ley. Pérez Saldaña culpó unos días más tarde a los fiscales del desbordamiento de los centros de menores por la utilización 'excesiva' de las medidas de internamiento.

Con posterioridad, la memoria de la Fiscalía admitió que no se aplicaba uniformemente la ley, aunque se preguntaba si no sería a causa de las circunstancias diferentes que concurrían en cada provincia. El pasado 10 de febrero había en los centros andaluces 223 menores internados, 83 de ellos cautelarmente y 137 definitivos. En cualquier caso, los fiscales, que desde la entrada en vigor de la nueva ley son los principales protagonistas de su aplicación, opinan que nadie ha reconocido su esfuerzo en poner en práctica una legislación que precisa de unos medios materiales y personales de los que no disponen.

La aplicación de la ley, que transformó legalmente en menores a jóvenes hasta entonces considerados mayores de edad penal, supuso triplicar los asuntos pendientes durante el año pasado.

Además, ciertos datos manejados por la Fiscalía cuestionan que por regla general se recurra a los internamientos y se eludan las medidas reeducativas. En el caso de Granada, de las 315 detenciones documentadas el año pasado, los fiscales sólo pidieron en tres ocasiones internamientos en centros cerrados por delitos tan graves como agresión sexual, homicidio en grado de tentativa y pluralidad de robos con intimidación. La decisión final, insisten los fiscales, fue adoptada en todos los casos por los jueces de menores.

Tampoco ha sentado especialmente bien entre el colectivo que no se contara con los fiscales para diseñar el programa del encuentro, en el que sí han participado, en cambio, los jueces de menores de las diferentes provincias andaluzas. Las jornadas serán clausuradas esta mañana.