Democracia adversativa

Uno de los índices habituales de evaluación de la calidad de las democracias consiste en observar su nivel de deliberación. O, lo que es lo mismo, la capacidad del sistema como un todo para hacer que predomine la argumentación sobre la mera aplicación mecánica del poder de las mayorías. Si en él acaba imperando un mecanismo de permanente 'aportación de razones' es previsible también que las cuestiones políticas de mayor relieve acaben fundándose sobre un importante consenso entre las principales fuerzas políticas. Presuponiendo, claro está, que éstas decidan dejarse guiar por el 'mejor argumento' y no por un mero decisionismo. Cuando el tema sobre el que hay que decidir ofrece, además, una particular dificultad de comprensión derivada de su complejidad legal o de la indeterminación respecto a la bondad de sus efectos, lo sensato sería que nos detuviéramos mínimamente a despejar cualquier duda. A pensar y deliberar.

Nada de esto está ocurriendo en el debate sobre la reforma de la Ley de Partidos que eventualmente debería conducir a una ilegalización de Batasuna. ¿Sabemos de verdad cuáles son las consecuencias de adoptar medidas en esta dirección? ¿Hay alguna otra alternativa de acción jurídico-política distinta de la emprendida? ¿Por qué se hace ahora y no se hizo en otro momento? A mi entender, sólo los más directamente afectados son contrarios al fin último que persigue esta reforma: impedir la escandalosa y permanente complicidad entre la banda terrorista ETA y todo el entramado que sostiene a Batasuna. Pero fuera de este 'mini o cuasi-consenso' se escinden ya las diferentes posturas. Con el añadido de que uno de los puntos oscuros, el relativo a la legalidad del proyecto, ha quedado sin auténtica respuesta. El dictamen del Consejo General del Poder Judicial ofrece el problema de no expresar en realidad una verdadera evaluación de racionalidad técnica. Dada la perfecta y mecánica correlación existente entre la posición manifestada por los diferentes vocales del CGPJ y el partido que los propuso como tales, estamos ante una 'toma de partido' más que ante una 'aportación de razones'. El dictamen del Consejo de Estado, por su parte, aun no pronunciándose en contra del planteamiento central, introduce las matizaciones suficientes como para tomarse bien en serio un debate en profundidad en sede parlamentaria. Persiste la duda, sin embargo, de si ahí nos encontraremos con una auténtica deliberación o con la mera ratificación de posiciones ya cristalizadas.

El presupuesto fundamental de una democracia deliberativa consiste en afirmar la necesidad de someter las distintas preferencias y opiniones políticas a un proceso de debate e ilustración mutua. Esto implica que los diferentes actores deben estar abiertos a cambiar su posición inicial si como resultado de la deliberación encontraran razones suficientes para hacerlo. Si, por el contrario, no se busca la comprensión mutua, sino la mera imposición de voluntades, la discusión queda como un mero simulacro, como un irritante trámite que hay que pasar antes de proceder a votar. Es obvio que en la política diaria es difícil someterse a los exigentes requisitos de una democracia auténticamente deliberativa. Pero no es menos cierto que el caso que nos ocupa pertenece a aquellos que exigen el mayor consenso posible y exige, por tanto, algo más que un mero trágala.

Puede, sin embargo, que la verdadera obsesión del Gobierno no sea la búsqueda de consensos, sino todo lo contrario, el quedarse solo en defensa de una 'actitud firme' contra el terrorismo. Detrás de la negativa a reconsiderar -o de 'debatir' siquiera- su posición habría así claras pautas de racionalidad estratégica, no una mera 'cabezonería'. Y para poder explotar con mayor eficacia los indudables réditos electorales derivados de esta posición de firmeza es imprescindible escenificar permanentemente su posición de 'soledad ante el terror', así como su conflicto con el resto de las fuerzas políticas. El que éstas compartan el fin último de la reforma e incluso estén dispuestas a entrar en una nueva construcción de consensos es lo que precisamente se trata de ocultar. Democracia adversativa, pues.