La fiscalía se querella contra el diputado Salaberria por justificar el terrorismo en el Parlamento vasco
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha presentado, por orden de la Fiscalía General del Estado, una querella contra el diputado de Batasuna Jon Salaberria Sansinenea por haber afirmado el pasado 12 de abril desde la tribuna del Parlamento de Vitoria que 'la lucha armada de ETA no responde a la voluntad de imponer ideas, sino a la defensa de los derechos legítimos del pueblo vasco'. La fiscalía entiende que esta frase puede constituir un delito de 'enaltecimiento o justificación de delitos de terrorismo y sus partícipes'. Además, rechaza que tal conducta pueda ampararse en la inviolabilidad parlamentaria.
La querella de la fiscalía, dirigida a la sala de Civil y Penal del Tribunal Vasco -el presunto delito fue cometido por un parlamentario vasco en territorio de Euskadi-, considera que el diputado Salaberria no expresó desde la tribuna una opinión sobre la actividad de ETA, sino 'una valoración positiva de las acciones de la banda terrorista' que, a su vez, 'implica una identificación con sus fines y con sus actos'.
La fiscalía hace esta distinción porque el artículo 26.6 del Estatuto de Autonomía de Euskadi ampara dentro de la inviolabilidad parlamentaria los actos y opiniones de los diputados vascos en el ejercicio de su actividad como miembros de la Cámara. Así, el texto explica que 'ni el sentido literal de las palabras empleadas ni el contexto en que fueron [proferidas] permiten inferir con seguridad que el querellante emitiera una opinión propia', sino que implican una identificación con la banda terrorista, 'lo que sitúa al parlamentario fuera del ámbito de la inviolabilidad parlamentaria'.
Para remachar, la querella sostiene que para que haya una opinión tiene que hablarse sobre algo opinable, y para el fiscal 'está fuera de toda duda razonable que los métodos de la banda terrorista sean intrínsecamente antijurídicos y, en consecuencia, inopinables'.
La fiscalía solicita en su escrito que se tome declaración al querellado y que se comprueben las actas del pleno del 12 de abril para certificar la exactitud y veracidad de las palabras de Salaberria.
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