Londres culpa de la congelación de las pensiones de 10.000 andaluces a Caruana

Casi 10.000 jubilados españoles llevan una década con las pensiones que les corresponden tras jubilarse en Gibraltar congeladas. La mayoría de los afectados es andaluza. La Unión Europea investiga el caso y el Gobierno de Londres ha culpado a Gibraltar de la situación, que puede terminar con el pago de 132 millones de euros. El ministro principal del Peñón, Peter Caruana, anunció ayer la convocatoria de una reunión el próximo martes con partidos políticos, sindicatos del Campo de Gibraltar y ex trabajadores españoles en la colonia británica.

Caruana niega ser el culpable de la situación, tal y como afirmó el Secretario de Estado para los Asuntos de Europa en el Reino Unido, Peter Hain. Éste acusó al Ejecutivo de Peter Caruana de 'estafar' 132 millones de euros a los españoles que trabajaron en el Peñón y añadió: 'Los contribuyentes británicos pueden tener que pagar una factura de 77 millones de libras (132 millones de euros) si el Gobierno de Gibraltar sigue resistiéndose a afrontar sus responsabilidades y a asumir sus obligaciones'.

Caruana respondió a Hain a través de un escrito en el que exigió 'la inmediata rectificación' de las palabras del representante del Foreing Office, a quien acusó en su misiva de 'intentar ganarse la simpatía de la Cámara de los Comunes para favorecer los acuerdos a los que el Reino Unido trata de llegar con España'.

En pleno enfrentamiento entre los Gobiernos de Londres y Gibraltar, la asociación de ex trabajadores españoles en la colonia británica mostró su satisfacción porque la Comisión europea investigue las reclamaciones de los pensionistas.

Una década de quejas

Las reclamaciones planteadas por este colectivo de casi 10.000 trabajadores provocaron la apertura de una investigación del sistema de pensiones gibraltareño por parte de la Comisión Europea. Y es que la lucha de los pensionistas españoles se inició con la congelación de sus retribuciones en 1990 y la interrupción total de los pagos tres años después, cuando el Ejecutivo gibraltareño aseguró que 'no existían fondos para poder hacer efectivos los pagos'.

Durante tres años, la Junta de Andalucía se hizo cargo de las pensiones y desembolsó 3.200 millones de pesetas, que posteriormente, y una vez restablecidos los cobros, fueron devueltos al gobierno andaluz por parte del Reino Unido.

No obstante, los pensionistas siguen insistiendo en la necesidad de que sus pensiones sean revisadas, ya que desde que volvieron a cobrarlas, en el año 1996, han permanecido congeladas.

La Cámara de Comercio de Gibraltar también ha criticado las acusaciones del Ejecutivo de Londres y remitieron ayer un escrito al gobernador del Peñón, David Durie, haciéndole llegar el malestar existente en este colectivo por las acciones del Gobierno británico