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La Junta y el PP valoran la decisión judicial de reabrir la investigación sobre el vídeo del 'caso Benjumea'

La Audiencia de Sevilla ordena al instructor que haga un examen pericial de la grabación

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías y la presidenta del Partido Popular, Teófila Martínez, coincidieron por una vez ayer al valorar la decisión de la Audiencia de Sevilla de reabrir la investigación judicial sobre el supuesto espionaje al ex presidente de Caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea. Con la reapertura de las diligencias, el instructor tendrá que realizar un examen pericial para avalar si el vídeo que recogía la confesión del falso detective, Antonio Castellanos, está manipulado, una de las razones esgrimidas para archivar en primera instancia el caso.

Tras conocer el auto de la Audiencia, difundido por la agencia Europa Press, que estima el recurso presentado por López Benjumea contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de archivar las diligencias sobre el supuesto espionaje, Zarrías y Martínez coincidieron en congratularse de que 'los tribunales investiguen a fondo'. Pero desde puntos de vista diametralmente opuestos. El consejero confía en que la investigación confirme que el caso fue un montaje para desprestigiar al PSOE en el conflicto que tenía con López Benjumea y el ex presidente de El Monte, Isidoro Beneroso. La presidenta popular, por su parte, quiere saber si 'máximos dirigentes socialistas tuvieron algo que ver'.

El juez instructor, Antonio Miguel Estables, archivó en diez días las diligencias porque la Policía no detectó 'seguimiento alguno' y porque el vídeo en el que Castellanos supuestamente confesaba ante dos detectives que había espiado a López Benjumea por mandato de Manuel Chaves (presidente de la Junta), Luis Pizarro (secretario de Organización del PSOE) y Miguel Ángel Pino (ex presidente de la comisión de control de la entidad), presentaba 'una discordancia entre la imagen y el sonido', según 'hacen constar los agentes de la Policía', lo que llevó a Estables a 'deducir que esa cinta ha sido probablemente manipulada'.

El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia, Ángel Márquez, considera que el archivo 'carece por el momento de justificación, siendo por tanto prematuro', entre otras cosas porque considera que es necesario un examen pericial para comprobar si 'los cortes que aparecen en la grabación son resultantes de una manipulación o por el contrario responden a la forma como realmente fue realizada'. El magistrado puntualiza que 'la cinta parece reflejar un tiempo real más dilatado'.

Prueba de voz

La Audiencia de Sevilla también deja en manos del instructor la posibilidad de que, tras el análisis del vídeo, practique otras pruebas complementarias entre las que cita una de 'tipo fónico' para comprobar si las voces grabadas corresponden a Antonio Castellanos y a los dos detectives con los que conversó. Castellanos admitió el encuentro pero negó que la conversación registrada fue real.

En todo caso, el magistrado aclara, frente a lo sostenido por el instructor, que la cinta sería lícita como prueba al grabar 'una conversación y un encuentro habido precisamente con uno de los intervinientes en la misma y no con terceras personas, por lo que no puede considerarse infringido, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, ningún derecho al secreto de las comunicaciones ni a la intimidad, puesto que dicha actuación se limitó a recoger documentalmente, mediante artificios técnicos de escucha y filmación, el contenido de lo que el imputado comunicó a su interlocutor'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de abril de 2002