La granada que mató a dos sargentos en unas maniobras era 'extremadamente peligrosa'
El perito militar pide que se revise toda la munición del Ejército según normas de la OTAN
La granada de mortero que el 7 de mayo del año pasado mató a los sargentos alumnos Sonia Ruiz Navas, de 26 años, y Miguel Ángel García Garrido, de 25, e hirió gravemente a otro sargento y a un teniente, mientras realizaban prácticas en el campo de tiro de Chinchilla (Albacete), era 'extremadamente peligrosa' y no cumplía las normas de seguridad de la OTAN ratificadas por España. El Centro de Ensayos del Ejército, que ha realizado un informe pericial sobre el caso, considera 'prioritario' someter a revisión 'toda la munición empleada por las Fuerzas Armadas'.
El informe pericial remitido por el teniente coronel José García Larriba al juzgado togado militar territorial 12, que investiga el caso, explica que el accidente se produjo cuando explosionó la granada dentro del tubo, al efectuar el noveno disparo. El experto descarta el fallo humano y el deterioro del arma, un mortero de 81 milímetros, y apunta como causa del siniestro una 'deficiencia' de la munición, ya que se registró un 'fallo en todos los sistemas de seguridad de la granada'.
El informe subraya que la espoleta ECIA-55 era 'acorde con la tecnología del momento' en que se fabricó, en 1975, pero 'peligrosa' según los parámetros actuales, 'como lo confirman el accidente mortal que se estudia y otros accidentes recientes igualmente mortales con el mismo tipo de mortero y munición'. La alusión a otras muertes similares no había sido confirmada hasta ahora, aunque un testigo declaró al juez que había sabido de ellas 'por comentarios' no oficiales.
Pese a ello, el perito no pide la retirada del lote de 939 granadas inmovilizadas por el juzgado, alegando que no es de su competencia, aunque recomienda utilizar, 'siempre que sea posible, granadas de ejercicio', sin carga explosiva, y 'extremar las precauciones'.
Más contundente es el informe del coronel director del Centro de Ensayos del Ejército, Julián Santos Domínguez, quien afirma que la espoleta empleada no cumple el STANAG 4157 de la OTAN 'ratificado por España', ya que ésta puede 'estar armada y en condiciones de funcionar a partir de los cuatro metros de la boca' del mortero, 'distancia muy inferior al radio de acción de la granada'.
'Por tanto', agrega, 'se considera extremadamente peligrosa y debe ser retirada de todos los lotes de munición de mortero de cualquier calibre que incorporen este tipo de espoleta'.
Lo más sorprendente es que, según explica el informe, el lote 'habría de ser aceptado' si se presentara de nuevo para su uso, pues lo único que se exige es acreditar que no se han deteriorado las granadas y cumplen la normativa de su época de fabricación, hace 27 años, 'muy diferente evidentemente a la actual'. Por ello, urge a redactar 'nuevas especificaciones de vigilancia de la munición'.
'Debe considerarse prioritaria', concluye, 'la realización de pruebas de homologación de toda la munición empleada por las Fuerzas Armadas españolas de acuerdo con los requisitos OTAN', para lo que sería necesario, advierte, dotar a los centros de ensayos del Ejército con medios materiales y humanos de los que ahora carecen.
El informe afirma dos veces que la munición debió ser declarada 'inútil', pero un añadido posterior, que no firma el coronel sino dos de sus subordinados, rectifica dicha calificación y la da por 'útil', aunque 'peligrosa', lo que afecta a la hora de exigir responsabilidades.
La Oficina del Defensor del Soldado pidió ayer que 'se retire de servicio toda la munición que no cumpla' los requisitos de la OTAN y denunció que el Ministerio de Defensa 'no ha reconocido como acaecidas en acto de servicio' las dos muertes, lo que reduce la pensión para sus herederos, incluido un hijo póstumo del sargento.
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