Cuidar ancianos a cinco euros la hora

Hacen un trabajo sensible, solitario, en condiciones a menudo hostiles, que tiene un alto coste físico y emocional. Y además están mal pagadas. Las trabajadoras familiares que se ocupan de la atención domiciliaria a personas necesitadas están hartas y, junto con los sindicatos CC OO y UGT, han convocado para hoy una jornada de huelga. Reivindican un salario mensual fijo de 700 euros (unas 115.000 pesetas) y contratos de jornada continuada. La huelga llega tras el fracaso de las negociaciones con la patronal para mejorar el actual convenio, que establece el pago de 5,05 euros (840 pesetas) por hora.

En Cataluña hay un millar de trabajadoras familiares que trabajan para empresas contratadas por los ayuntamientos para realizar el servicio de atención domiciliaria. Las TF, como se las conoce en el argot de los servicios sociales, entran en acción cuando los equipos de atención primaria municipales advierten la necesidad de atención a domicilio de un usuario -personas que viven solas, con cierto grado de dependencia y con ingresos inferiores a 360 euros, unas 60.000 pesetas mensuales- y solicitan una profesional a las empresas que tienen asumido el servicio.

En Barcelona, donde hay unas 600 trabajadoras familiares, el Ayuntamiento sacó a concurso el servicio de atención domiciliaria hace dos años. Lo ganaron las empresas Cooperativa de Trabajadoras Familiares (CTF), Instituto para la Promoción Social y la Salud (IPPS) y Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD). Con un presupuesto de nueve millones de euros, el año pasado las tres empresas atendieron a 4.483 usuarios y prestaron 640.374 horas de servicio, la mayoría a personas mayores.

Según un portavoz de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el conflicto que enfrenta a las trabajadoras familiares con sus empresas es una cuestión en la que no puede intervenir. Pero las trabajadoras familiares consideran que las administraciones públicas también son responsables de sus precarias condiciones, porque contratan a las empresas que ofrecen las condiciones económicas más bajas.

La gerente de la cooperativa, Mònica Reig, reconoce que las reivindicaciones de las trabajadoras familiares son 'comprensibles' y que es necesario regular el sector. Aun así, arguye que los recursos de las empresas están limitados por las condiciones que establecen los concursos públicos y que las peticiones del colectivo 'harían cerrar a las empresas en números rojos'. Además explica que el sector compite con una 'verdadera economía sumergida, formada por personas que atienden por su cuenta a familias que les pagan en negro'.

Montse Rodríguez, una de las trabajadoras familiares más veteranas de Barcelona y delegada de CC OO en la empresa IPSS, explica que desde que se contrata con empresas el servicio de atención domiciliaria se ha perdido el contacto con los equipos de atención primaria municipales y ha bajado la calidad del servicio.

Como sus compañeras, Montse lleva la oficina encima (documentación y llaves de los usuarios, material sanitario, medicamentos) y se reúne tres horas al mes con los responsables de su empresa para hacer el seguimiento de los casos. El resto del tiempo trabaja sola, en los domicilios de los usuarios. Su trabajo consiste en lavar y cuidar a los enfermos, levantar y asear ancianos, llevar niños de familias desestructuradas al colegio o realizar gestiones.

En sus 12 años de experiencia, Montse ha visto de todo: domicilios insalubres, usuarios que acumulan basura, cucarachas campando a sus anchas y hasta ratas. Enfrentarse a estas condiciones comporta un gran desgaste y Montse explica que las bajas son corrientes entre el colectivo, algunas veces por depresión. Incluso se han dado casos de trabajadoras que han contraído tuberculosis, hongos o sarna. Sin embargo, asegura que el suyo es un trabajo muy gratificante. 'Te sientes útil y al final te curtes', dice.

Montse cree que las administraciones públicas deberían destinar más medios a la atención domiciliaria: 'Si quieren mantener el máximo de tiempo posible a los ancianos en sus casas, que destinen más recursos a la atención domiciliaria'. El futuro lo pinta negro: 'A la larga, las administraciones privatizarán totalmente los servicios sociales. Y no hay que olvidar que todos podemos ser usuarios'.