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Tribuna:

Ellas

Las mujeres mayores, viudas y beneficiarias de una pensión precaria, son las grandes silenciadas de nuestra sociedad. Desde hace cierto tiempo, de forma callada, como es su manera de ser, intentan hacer oír su voz. Desde hace años, las distintas plataformas de apoyo a los jubilados y pensionistas inciden en la necesidad de concentrar el esfuerzo presupuestario del Estado en una mejora real y ostensible de las pensiones mínimas y de viudedad. Aunque ha habido un ligero aumento, es demasiado tiempo y sigue sin equipararse el importe de estas pensiones al salario mínimo interprofesional y a la pensión del cónyuge.

Desde el punto de vista de la política social dirigida a las personas mayores, el periodo transcurrido desde la transición democrática ha sido crucial. De forma esquemática, podríamos decir que en estos años las políticas sociales dirigidas a la gente mayor se han desarrollado a partir de la universalización de dos sistemas clave, las pensiones y la sanidad, así como en la progresiva estructuración de un incipiente sistema de servicios sociales, todavía en fase de desarrollo.

En este sentido, creo que fue determinante el impulso que supuso la Ley de Pensiones no Contributivas y la progresiva inclusión en el sistema de amplios sectores de la población excluidos inicialmente del mismo. Gracias a ello, aunque también a pesar de la baja cuantía de las pensiones percibidas, podríamos decir que el sistema se ha universalizado y consolidado a lo largo de los últimos años. Sin embargo, quisiera destacar dos aspectos que considero de suma importancia en la actualidad. En primer lugar, nuestro país, con el 22,4% del producto interior bruto (PIB) destinado a gastos de protección social, ocupa uno de los últimos lugares en el contexto de la Unión Europea, tan sólo por delante de Irlanda y Portugal, bastante lejos de la media comunitaria (28,7%), y aún más de los países nórdicos, Bélgica, Alemania o Francia, que gastan casi una de cada tres unidades monetarias de PIB en gastos de protección social.

En segundo lugar, me gustaría destacar algunos datos relacionados con la distribución de las pensiones en función del sexo y la edad. Por ejemplo, entre las prestaciones que reciben mujeres y hombres existe una diferencia de casi del 40% a favor de estos últimos. En parte, eso se explica porque las mujeres están cubiertas sobre todo por pensiones de supervivencia, que son las de menor cuantía, mientras que los hombres lo están a través de pensiones de jubilación, de importes generalmente más altos. Y otro ejemplo: la pensión media alcanza su máximo entre los 65 y los 69 años de edad y luego va disminuyendo progresivamente, y la peor situación se da a partir de los 80 años y entre mujeres, que representan más del 90% de las personas mayores que cobran una pensión por viudedad que supone solamente la mitad de la pensión media por jubilación.

En tercer lugar, que la cantidad que se dedica a la subida de las pensiones apenas cubrirá la subida del IPC que la inmensa mayoría de los analistas, salvo naturalmente el Gobierno, estiman que habrá en el año 2002.

En cuarto lugar, que la subida representa menos de la décima parte de lo que el Gobierno destinará a bonificaciones y exenciones de cotizaciones empresariales.

Asimismo, por lo que se refiere a las mejoras de las pensiones de viudedad, cabe constatar que la mejora de la base reguladora que se acuerda con carácter general, afectará fundamentalmente a una insignificante minoría de pensiones, que son precisamente las más altas. Las que tienen una base inferior, o no tendrán mejora alguna, o esta les supondrá una mejora apenas perceptible.

En conclusión, siendo como es la Unión Europea nuestro contexto de referencia, España puede y debe incrementar su gasto social. Y siendo que el problema de las bajas pensiones afecta a la gente mayor y además mayoritariamente a las mujeres, el problema se presenta como una discriminación doble: por ser una persona mayor y por ser mujer.

Por ello creo que es preciso apoyar su causa, porque hay razones de justicia social más que sobradas que amparan su reivindicación. La de ellas.

Núria Carrera i Comes es quinta teniente de alcalde de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de abril de 2002