La luz al final del túnel

Con el 20 de abril como ineludible fecha de referencia, y las elecciones autonómicas en un horizonte cada vez más próximo, se reaviva el debate sobre la adecuación y oportunidad del sistema de elecciones primarias que los socialistas vienen utilizando -desde 1998- para la provisión de candidaturas a determinados cargos públicos. Aún reconociendo que el término primarias resulta inadecuado para referirse a lo que, en realidad, no es más que una (s)elección interna de candidatos por parte de los afiliados -absolutamente distante del originario proceso estadounidense que acuñó este término-, debo reconocer que el sistema -denominémoslo como queramos-, resulta una bocanada de aire fresco para la maltrecha democracia interna de nuestros partidos políticos.

Desde su constitucionalización en 1978, los partidos no han sido capaces de cumplir con las exigencias que les fija el artículo 6 de nuestra Carta Magna, entre las que destaca, sobremanera, la de contar con una estructura interna y un funcionamiento democrático. Sería utópico pensar que la participación de las bases en esta designación vaya a convertirse en la panacea o en el cervantino bálsamo de fierabrás que solucione todos los males, pero sí resulta un primer paso, y un ejemplo a imitar, si se quiere conseguir que nuestros oligárquicos partidos políticos cedan en sus tendencias elitistas y se abran a la participación de sus afiliados.

Evidentemente no estamos ante la única solución posible, y puede que tampoco ante la mejor, pero aunque el sistema no resulte absolutamente benéfico y esté salpicado de luces y sombras, resulta, sin duda, más adecuado que la dedocracia o la herencia del delfín. Su transparencia, su capacidad para generar ilusión y su ruptura con la férrea disciplina de los partidos hacen de esta iniciativa de democratización de la vida pública un digno principio para la superación de algunas de las patologías que presenta nuestro Estado Partitocrático. Viene a ser, dentro de nuestro déficit democrático, un fulgor, la luz al final del túnel.

Joaquín Marco es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Cardenal Herrera