El PSPV propone un ente que pueda sancionar la manipulación informativa en RTVV

Una 'autoridad independiente no sometida a jerarquía' y no un mero ente consultivo. Así sería el Consejo Superior del Audiovisual de la Comunidad Valenciana cuya creación proponen los socialistas valencianos, que ayer presentaron una proposición de ley en el Parlamento autonómico. El ente, semejante a los que ya funcionan en otros países, tendría capacidad sancionadora y sería el encargado de velar por el cumplimiento de los principios que deben inspirar la actividad de los medios audiovisuales: protección del valenciano, veracidad, imparcialidad y objetividad, protección de la juventud y la infancia, respeto al pluralismo político, cultural, religioso y social y respeto de las garantías constitucionales.

La proposición presentada ayer es la primera de una serie de iniciativas preparadas por el PSPV para el sector audiovisual con la vista puesta en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), aunque no centradas exclusivamente en el ente público. En breve los socialistas propondrán una reforma de la ley de creación de RTVV para, entre otras cuestiones, regular la elección del director general del ente de manera que sea nombrado por las Cortes y por una mayoría cualificada. Estas iniciativas son la plasmación práctica de los trabajos desarrollados en la comisión parlamentaria de Estudio de Nuevas Formas de Gestión de RTVV, que el PP pretende prolongar en contra del criterio de la oposición, que considera suficientemente estudiado el asunto y prefiere pasar a la acción.

El Consejo del Audiovisual valenciano que proponen los socialistas sería un ente público de carácter institucional, independiente y con personalidad jurídica propia, cuyas funciones afectarían al ámbito de la comunicación audiovisual, tanto la directamente gestionada por la Generalitat como la sometida a régimen de concesión. Estaría integrado por nueve miembros -personas de reconocido prestigio, independientes y con experiencia en el sector pero sin intereses en el mismo- elegidos por las Cortes a propuesta como mínimo de dos grupos parlamentarios por una mayoría de dos tercios, y su mandato sería de seis años, aunque cada dos habría una renovación parcial de un tercio de los integrantes.

El Consejo del Audiovisual tendría capacidad para imponer sanciones en caso de incumplimiento de los principios que deben inspirar la actividad de los medios audiovisuales, que, según la proposición del PSPV, son la promoción y protección del valenciano, la veracidad, imparcialidad y objetividad en las informaciones, la protección de la juventud y de la infancia, el respeto al pluralismo político, cultural, lingüístico, religioso y social, a los valores de la igualdad, la libertad y la solidaridad, así como de los derechos constitucionales a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. El texto prevé sanciones que van de los 300 euros para las infracciones leves hasta los 300.000 para las muy graves.

La iniciativa, que se inspira en entes similares que ya funcionan con éxito y aceptación ciudadana en Francia, Inglaterra y Bélgica, además de en Cataluña, fue denigrada por el PP, cuyo portavoz parlamentario, Alejandro Font de Mora, dijo que pretende 'reavivar la censura e instaurar una especie de dictadura andina'.