El secretario de Estado de Infraestructuras asegura en el Congreso que el fiscal le acusa con datos falsos
El secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, negó ayer todas las imputaciones de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el caso de la presa de Santaliestra (Huesca), cuyo escrito de acusación, dijo, 'falsifica datos y fechas fácilmente comprobables y se inventa hechos inexistentes'. Blanco compareció, a petición propia, ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados para explicar su actuación al frente de la Secretaría de Estado de Aguas (1996-2000) en relación con la presa de Santaliestra, proyecto actualmente paralizado.
El fiscal del TSJM, Emilio Valerio, pide ocho años y seis meses de cárcel y diez años de inhabilitación en el cargo para Blanco, al que imputa los delitos de prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos por aprobar el proyecto de la presa a sabiendas de que carecía de los preceptivos informes geotécnicos, una acusación que extiende también a otros seis ex altos cargos y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente.
Blanco relató, en una intervención de casi tres horas y con aportación de 27 documentos, la tramitación del expediente administrativo de la presa, y rechazó cualquier irregularidad o intereses 'ocultos' para otorgar una concesión a Hidroeléctrica de Cataluña, que según el fiscal estaba en 1997 participada al 100% por Iberdrola, donde antes trabajó Blanco. En esto, dice el secretario de Estado, el fiscal 'yerra', ya que Iberdrola vendió las concesiones hidroeléctricas que tenía en el río Esera a Endesa en 1995, 'donde nunca trabajé'. También negó que tuviera reuniones con técnicos encargados de elaborar los informes geotécnicos para que se retractaran de los mismos antes de firmar la resolución aprobatoria del proyecto, así como que los estudios indicaran que su construcción implicara riesgos para la población residente en la zona, informa Efe.
Blanco rechazó asimismo la acusación fiscal de carecer de competencia para dictar esa resolución e indicó que bajo su mandato 'el proyecto no fue adjudicado a ninguna constructora', algo que ocurrió en enero del 2001, cuando ya había dejado de desempeñar sus funciones en Medio Ambiente. Contradijo igualmente a la fiscalía acerca de que no se realizaran los sondeos necesarios para comprobar la seguridad del emplazamiento de la presa: 'Se hicieron, y muchos', dijo.
El coordinador nacional de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, calificó de 'lamentables e injustificadas' las acusaciones vertidas en el Congreso por el secretario de Estado contra el fiscal Emilio Valerio, cuya labor calificó de 'muy buena'.
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