Bruselas cuestiona el régimen español de permisos y visados

La Comisión Europea lanzó ayer duras críticas contra los trámites burocráticos que se imponen en España a los inmigrantes comunitarios o de terceros países para obtener o renovar los permisos de residencia. Bruselas decidió por este motivo dar dos meses al Gobierno español para que justifique la situación o ajuste la normativa nacional a los requisitos que se imponen desde la UE en materia de inmigración.

Bruselas indica que si el Gobierno no cumple con dicho plazo llevará el caso ante el Tribunal de Justicia por infringir las normas que garantizan la libre circulación de ciudadanos de la UE.

La actuación de Bruselas se centra en dos aspectos. Por un lado, se ha enviado un dictamen motivado a las autoridades españolas -segunda fase del procedimiento de infracción- por las multas que se imponen a los ciudadanos comunitarios por no solicitar o renovar el permiso de residencia. La sanción puede alcanzar los 3.000 euros, mientras que la multa por la no renovación del DNI español es de 0,3 euros por cada mes de retraso. 'Es desproporcionada y discriminatoria; por eso pedimos que se suprima la diferencia y se respete el principio de igualdad de tratamiento', indicaron fuentes de los servicios de Justicia e Interior.

La Comisión también decidió enviar una segunda advertencia contra las autoridades españolas por exigir un 'visado de residencia' a los ciudadanos de países terceros que estén casados con uno de la UE y que deciden establecerse en territorio español. Los permisos se solicitan antes de viajar a España, lo que obliga a seguir un incómodo proceso administrativo y a completar un voluminoso papeleo a distancia. Bruselas recuerda que en estos casos la solicitud de visado debe ser automática y que la documentación debe exigirse cuando se cursa una demanda de residencia, no antes de instalarse en la UE.

Por otro lado, Bruselas critica también a la Administración española por ajustarse 'lamentablemente al plazo máximo posible' recogido en la legislación comunitaria para la renovación de los permisos de residencia, que es de seis meses.