'Es el avance jurídico internacional más importante desde 1945'

Juan Antonio Yáñez es embajador jefe de la delegación española para la Corte Penal Internacional. Negoció el estatuto y sus desarrollos posteriores. Es uno de los diplomáticos de inteligencia más fina del servicio exterior español. Asesor para Asuntos Internacionales de Felipe González en los primeros años de los Gobiernos socialistas, fue posteriormente embajador ante la ONU antes de ocupar su puesto actual.

Pregunta. ¿Le sorprende la rapidez con que se han conseguido las 60 ratificaciones necesarias para poner en marcha la Corte Penal Internacional?

Respuesta. No del todo. Había razones para suponerlo así: la importancia de los compromisos que supone suscribir un tratado como el Estatuto de Roma, potenciales complicaciones constitucionales o legales en muchos países e incluso la actitud reservada u hostil de países importantes, como Estados Unidos. Sin embargo, en este caso creo que han jugado otros factores, como el sentimiento cada vez más extendido, sobre todo a partir de lo vivido en los Balcanes y en el centro de África, de que existe una necesidad acuciante en el plano internacional de hacer frente juntos a comportamientos bárbaros e inaceptables para una conciencia civilizada. Pero además se ha ido desarrollando una alianza muy eficaz entre Gobiernos comprometidos con ese proyecto -y en primer lugar, la UE-, diversas instituciones internacionales y una amplia coalición de ONG.

'Lo que me parece importante es que la comunidad internacional disponga de los medios para perseguir y castigar conductas inaceptables'

'Con esta corte se pone en marcha una institución judicial de carácter permanente y de alcance potencialmente universal'

P. ¿Qué cambia?

R. El Estatuto de Roma de 1998 supone el avance más importante en el orden jurídico internacional desde la Carta de San Francisco, que creó las Naciones Unidas en 1945. Con la diferencia de que entonces se trataba ante todo de organizar las relaciones entre los Estados; ahora la ambición es mayor, porque se trata de proteger a personas y a pueblos contra agresiones brutales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los graves crímenes de guerra. Con esta corte se pone en marcha una institución judicial de carácter permanente y alcance potencialmente universal.

P. ¿Está la CPI generando expectativas desmesuradas?

R. Es posible. Aunque el estatuto entre en vigor el próximo 1 de julio, habrá que elegir los magistrados y fiscales y poner en marcha todo lo necesario en La Haya, de tal manera que la nueva institución pueda comenzar a funcionar dentro de un año. Incluso entonces entrará en un periodo de rodaje antes de que se pueda decir que esté plenamente operativa. Lo que me parece importante es que, incluso desde ahora, la perspectiva de la próxima creación de la corte está ya ejerciendo una influencia considerable en numerosos países, que están poniendo al día sus legislaciones y sus mecanismos judiciales para dotarse de los medios para combatir los crímenes de trascendencia internacional. Eso se corresponde con lo que pretende el estatuto, puesto que la corte sólo entrará a conocer asuntos determinados si no hay un Estado cuyos tribunales sean competentes y estén genuinamente dispuestos a ocuparse de ellos.

P. ¿Es mejor la CPI que la jurisdicción universal proclamada por algunas leyes nacionales, como en Bélgica o en España?

R. Son vías alternativas, ambas con asiento en el derecho internacional, y que deberían ser compatibles y complementarias. Puede haber casos en que la corte no sea competente y sí lo sean los tribunales de determinados Estados, y a la inversa. En la práctica, va a depender mucho de los asuntos concretos, de qué instancia tendría en cada caso mejor acceso a las pruebas o mayores probabilidades de disponer de los sospechosos o acusados para llegar al juicio. Y también de otro factor: cuál sería la jurisdicción que mejor sería aceptada por los países afectados de una u otra manera por el caso. La ventaja de la CPI es que será una institución internacional, que en principio debería ser vista como independiente e imparcial.

P. ¿Cree que disuadirá a los criminales o dictadores, futuros Pinochet o Milosevic? ¿O que se resistirán aún más a ceder el poder sabiendo que les espera un juicio por crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio?

R. Es muy difícil saber con certeza el efecto disuasorio de las normas penales, incluso en el ámbito interno. Aunque el consenso de la gran mayoría de los países es que si se dotan de sistemas penales es porque consideran que sirven para algo. La cosa se complica aún más con megalómanos sin escrúpulos que son en última instancia los responsables de los delitos de los que se ocupará la futura corte. Evidentemente, para ellos la conquista y el disfrute del poder es el alfa y omega de su comportamiento, y todo lo demás son consideraciones de orden secundario. Lo que me parece importante es que la comunidad internacional disponga de los medios para perseguir y castigar conductas inaceptables para un mínimo orden mundial y que las víctimas tengan una esperanza de que algún día se les hará justicia.

P. ¿De qué sirve un tratado que no quiere Estados Unidos, ni China ni India ni la mayor parte de los países árabes?

R. El Estatuto de Roma ha sido firmado por 139 Estados, incluyendo Estados Unidos, varios países árabes y muchos otros países que aún tienen dudas o problemas en ratificarlo. Eso quiere decir que, al menos, comparten sus principios y la necesidad de que exista una institución como ésa, aunque todavía no estén dispuestos a asumir las obligaciones que implica el estatuto. Aunque la ausencia de varios de esos países, y en particular de EE UU, en la fase inicial de la vida de la corte va a detraer de su universalidad y de su eficacia. Pero esperamos que la dinámica que se pone en marcha, que creo irreversible, así como la solidez y solvencia de las actuaciones de la corte, les convenza de la conveniencia de sumarse lo antes posible.

P. ¿Puede España, como presidencia del Consejo de la UE, hacer algo más para impulsar esta causa?

R. A partir de junio de 2001 contamos con una posición común que articula una política de la UE en cuanto tal en favor del estatuto y de la puesta en marcha de la CPI. España fue de los primeros países en abogar por concertar esa política común, y ahora nos corresponde ponerla en práctica en una serie de planos: gestiones constantes ante terceros países, actuación en la Comisión Preparatoria de la CPI que se reúne en Nueva York, apoyo a los preparativos concretos que están en marcha en La Haya para albergar a la corte dentro de pocos meses... Siempre se puede hacer más, pero nos estamos empleando a fondo en lograr el objetivo que perseguimos. Partimos con una gran ventaja: la firmeza en las convicciones y la unanimidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, que se ha manifestado sin fisuras a todo lo largo del proceso y en la ratificación del estatuto.