Patrimonio con fecha de caducidad

¿Puede la ley destinada a proteger el patrimonio histórico valenciano volverse en contra y dejar una pieza sin amparo? Esta contradicción afecta a la alquería de la Serena o Sirena, una casa señorial, con aspiración de palacio, construida a finales del siglo XVI en el término de Alfara del Patriarca, lindante a la pedanía valenciana de Benifaraig. Su expediente de catalogación como bien de interés cultural (BIC) ha vencido tras quinces meses de trámites.

El tiempo es oro. La ley de Patrimonio Cultural Valenciano, de 4/1998 de 11 de junio, a diferencia de la estatal y la de otras comunidades, marca plazos de tiempo para aprobar los expedientes de calificación como BIC. Eso quiere decir que si las fechas se rebasan, paga el pato el inmueble, que queda automáticamente relegado del inventario durante los tres años siguientes, a no ser que el propietario solicite a la Consejería de Cultura la protección especial.

Miguel del Rey, responsable del grupo de investigación sobre Paisajismo y Arquitectura Rural (Paisar) de la Universidad Politécnica de Valencia es tajante y advierte del riesgo: 'No estamos hablando de una alquería cualquiera, es la primera pieza de la arquitectura oficial de los Austrias en el mundo rural valenciano y, si desapareciera, no sabríamos el porqué de muchas construcciones renacentistas de la ciudad'. Sus torres y diseños, según el profesor, han inspirado otras alquerías, además de ser un hito para 'entender' arquitecturas de ese momento como el Colegio del Patriarca o el Ayuntamiento de Llíria.

El alcalde de Alfara del Patriarca, el socialista Enric M. Cuñat dice que la caducidad del expediente no significa la desprotección de la alquería y desarrolla soluciones locales: 'Este edificio por sus características y su ubicación, con un antiguo jardín lateral, debería de tener una protección mayor, pero ante esta carencia lo incluiremos en el inventario local como Bien de Protección Local', lamenta recordando otros edificios del municipio, como el caserón señorial de los Cruïlles, que gozan de la declaración de BIC.

Sin bajar la guardia, plantea la presentación de un recurso de alzada por parte del Consistorio ante la decisión tomada por el director general de Patrimonio, apelando a la Ley de Patrimonio Nacional Español, de 16 de junio de 1985. 'Con independencia de que exista o no una declaración expresa por la ley valenciana, la Casa de la Serena dispone de protección por la española, más genérica. Y como este expediente no está cerrado, lo único que habría que hacer es otro para proteger el entorno de la alquería'. A juicio del alcalde, que fue director de Patrimonio de la Generalitat, 'es complicado' hacer acopio de todos los informes de la declaración e insta a la Administración valenciana a modificar la ley porque 'si se les acumulan los expedientes, pueden encontrarse con muchos casos similares'.

Para evitar que se derrumbara la torre, la Consejería de Cultura invirtió a finales de los ochenta más de veinte millones de pesetas. Con la suspensión de la declaración BIC, el edificio queda exento de beneficios fiscales y otras medidas que garanticen su protección.

Y mientras se formulan interrogantes sobre la espléndida finca, el propietario, Salvador Alfonso Sales desconoce la decisión: 'Extraoficialmente, me acabo de enterar por ustedes, no puedo opinar sobre lo que no conozco. Tengo que consultar a mi abogado, pero por lo menos ya sabemos algo'. Desde que se incoa el expediente para la declaración de BIC en 1983, el edificio disfruta de protección y 'la alquería no era ni carne, ni pescado. Durante casi veinte años todo han sido gastos de contribución y no podíamos ni actuar', señala el amo de una alquería heredada de su abuelo.

Lo deseable para todas las fuentes consultadas es que una de las alquerías más emblemáticas de l'Horta disponga de la protección suficiente. No obstante, la única alquería valenciana declarada BIC, la del Moro sufre la peligrosa erosión del abandono, porque la Administración valenciana, tras años de negociaciones, no ha llegado a expropiar los terrenos. Para determinados expertos el quid de la cuestión reside en arbitrar políticas, como la permuta de terrenos y otros beneficios para los propietarios de Bienes de Interés Cultural.