El Tribunal de Cuentas halla 'demoras injustificadas' en las obras de la Comunidad

El informe del Tribunal de Cuentas relativo a los balances económicos y a la contratación en 1999 de la Comunidad de Madrid observa 'significativas demoras no justificadas en la ejecución de los contratos'. Los auditores denuncian que la Administración regional, a la hora de encargar obras públicas, prefiere acudir a empresas que ofrecen rapidez en la ejecución en menoscabo del precio. Luego, según manifiesta el Tribunal, esta rapidez no se corresponde con la realidad, pues las obras se retrasan. IU recuerda que estas objeciones 'son las mismas año tras año'.

En las conclusiones del informe, los auditores públicos, encargados por ley de examinar los balances económicos de la Administración regional, señalan: 'Se han observado significativas demoras no justificadas en la ejecución de los contratos de obras examinados, que ponen de manifiesto deficiencias en las actuaciones administrativas preparatorias'. Y prosigue argumentando que estas deficiencias son 'relevantes', debido a que los contratos en cuestión se adjudicaron por un método extraordinario (sin concurso) precisamente 'en consideración expresa a las reducciones de plazos o invocándose razones de urgencia'.

Un ejemplo: el Tribunal de Cuentas critica un contrato, llevado a cabo por la Consejería de Educación, por el que se quería dotar de ascensores a algunos colegios. Se utilizó el método de urgencia, lo que exime a la Administración de convocar un concurso. Esta urgencia era achacable a que estos ascensores debían estar colocados durante el curso 1999-2000. Al final, la 'urgencia' no fue tal, ya que las obras empezaron a ejecutarse el 18 de agosto, con lo que no se llegaba, según el Tribunal de Cuentas, 'al objetivo temporal determinante', esto es, a que los alumnos disfrutaran de los ascensores durante el curso.

'Momento requerido'

La Consejería de Educación, en sus alegaciones, señala que el contrato se tramitó con la medida de urgencia 'porque era el más adecuado para la finalización de dichas obras en el momento en que se requería'. 'El Tribunal de Cuentas debe tener en cuenta las especiales circunstancias del momento de la tramitación: la transferencia de competencias [la Administración central transfirió las competencias de educación a la Comunidad en julio de 1999] era muy problemática, el volumen de expedientes a tramitar era muy elevado y los medios personales y materiales eran muy escasos'.

El Tribunal de Cuentas también critica esta manera de contratar en la Consejería de Obras Públicas. Los auditores públicos señalan como inadecuados varios contratos de esta consejería con los que se preveía construir determinadas carreteras o edificios públicos y en los que, invariablemente, los plazos de ejecución no correspondieron con los previstos inicialmente. En las alegaciones, esta consejería asegura a modo de explicación general: 'En las obras públicas [...], la complejidad técnica de su realización y su duración, larga en muchos casos, hace que se den, con frecuencia, cambios importantes entre el momento de contratar y en el momento de realizarlas. Los proyectos, por muy definidos que estén, no pueden preverlo todo'.

Franco González, diputado de IU, critica que las objeciones del Tribunal de Cuentas 'se repitan'. 'Es moneda de cambio habitual por parte de la Administración autonómica acelerar el proceso de forma directa, sin concurso. Y esto lo critica el Tribunal de Cuentas año tras año. Se adjudican contratos por métodos urgentes para dar la obra a una empresa determinada y luego la urgencia no es tal. No se puede permitir que esto se critique año tras año y no se haga nunca nada'.

Franco González también recordó que el Tribunal de Cuentas, 'como todo los años', se queja de que el Ivima (Instituto de Vivienda de Madrid) no haya puesto al día su patrimonio. 'No saben ni lo que tienen', dice el diputado.

Juan Bravo, consejero de Hacienda, replica que los auditores públicos 'no han puesto objeciones graves en ningún momento, no hay ninguna crítica a nivel general, y eso que estamos hablando de un volumen de más de mil millones de euros en inversiones'. 'Es cierto que hay contratos que, aunque se traten por el método de urgencia, después se retrasan, pero es que muchas obras son imprevisibles. En cuanto al patrimonio del Ivima, estamos hablando de más de 100.000 viviendas, algunas de ellas de los años cuarenta. Luchamos con un problema heredado del Instituto Nacional de la Vivienda y es inmensa la casuística. Tardaremos aún años en resolverlo'.