Todos los informes de Asuntos Sociales sobre la pareja hallada muerta en Córdoba eran favorables

Todos los informes de los servicios sociales de la Junta y de la Diputación de Córdoba sobre la situación de Elvira Muñoz (la mujer de 34 años que fue asesinada a martillazos la semana pasada) y de Antonio Lozano (su compañero, presunto autor del crimen, que se suicidó con una sobredosis de tranquilizantes) eran favorables, y no contemplaban en ningún momento la necesidad de retirar a su hijo de dos meses del entorno familiar. Así lo reconocieron ayer Manuel Sánchez Jurado, delegado provincial de Asuntos Sociales en Córdoba, y Rafaela Crespín, delegada de Asuntos Sociales de la Diputación Provincial.

Según los informes, los padres del bebé, que nació afectado por el síndrome de abstinencia, eran drogodependientes y estaban sometidos a un tratamiento de desintoxicación con metadona. A Antonio Lozano le costaba mucho superar su adicción y llevaba ya ocho años acudiendo al centro que tiene la Diputación en el barrio de Las Moreras para recibir atención. Lozano y Muñoz, de acuerdo con los autores de los documentos, nunca habían manifestado agresividad ni violencia. Ni a la Policía ni al Instituto de la Mujer les constaba denuncia alguna por malos tratos en el seno de la pareja.

Para el delegado de Asuntos Sociales, se trataba de una familia 'en proceso de normalización', que mostró, durante el embarazo de Muñoz, una actitud positiva, de preocupación por la salud de la madre gestante. Esta buena disposición se extendió, tras el parto, al bienestar del hijo, al que pusieron en manos de la Junta por no poder prestarle atención, sin que mediara presión alguna. Esta decisión, a juicio de Sánchez Jurado, evidencia responsabilidad e interés por el estado del bebé y puede traducirse como 'un buen síntoma'.

El delegado de Asuntos Sociales, recalcando que este caso fue seguido muy de cerca desde que se supo que Muñoz esperaba un hijo, recordó que el objetivo principal de la protección de menores es 'que el niño esté en familia, y para que se mantenga en su seno se ofrece a los padres todo el apoyo posible, sobre todo si hay indicadores claros de afecto y de cuidado', como en esta ocasión. Sánchez Jurado insistió en que sólo se interviene para separar al menor de los suyos en casos extremos, 'cuando se percibe la existencia de un riesgo que pueda perjudicarle y no hay otro remedio'.

Para Rafaela Crespín, delegada de Asuntos Sociales de la Diputación, Antonio Lozano y Elvira Muñoz 'estaban perfectamente controlados desde el punto de vista de su problema de salud. Dentro del programa de desintoxicación, acudían regularmente al centro, se les administraba la metadona, recibían su tratamiento y no causaban ningún problema. Pero sus circunstancias familiares, su vida personal y su relación con el barrio en que vivían son cosas que los profesionales no pueden controlar'.