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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Nanterre

Que richard Durn era un perturbado parece quedar claro en las cartas que dejó en su domicilio antes de dirigirse el martes a la alcaldía de Nanterre y vaciar los cargadores de sus tres armas sobre decenas de inocentes. Ocho muertos y 15 heridos de bala. El pistolero -que ayer se arrojó desde un cuarto piso cuando estaba bajo custodia policial en París- , dejaba dicho que debía pagar su locura y su marginación social con la muerte. Su madre puntualiza que este obseso de las armas no quería morir solo, que necesitaba la notoriedad para su último viaje.

La matanza ha dejado estupefacto a un país que creía que esas cosas pertenecían casi exclusivamente al acervo cultural de Estados Unidos, paraíso del perdedor y la permisividad armada. Los franceses comienzan a enterarse de que también en el hexágono, y pese a su legislación restrictiva, hay un más que notable descontrol sobre la venta y uso de armas de fuego. Durn, un misántropo desempleado de 33 años que vivía con su madre, tenía un pequeño arsenal con sus correspondientes permisos, pese a dos intentos de suicidio y haber sido tratado por depresión crónica. Las autoridades tendrán que explicar cómo obtuvo licencia de armas en 1997 y por qué éstas no le fueron retiradas tres años más tarde, como es preceptivo cuando se deja de renovar la autorización. No son las únicas aclaraciones que deberán hacerse. Una más concierne al hecho de que el autor de una atrocidad semejante pueda arrojarse al día siguiente por una ventana, mientras permanece, se supone que estrechamente vigilado, en la sede de la policía judicial.

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Más alla de sus interrogantes, la matanza de Nanterre ha irrumpido como un huracán en una campaña presidencial sensibilizada por el aumento en Francia de los delitos violentos. Chirac y Jospin, que corrieron separadamente de madrugada al escenario sangriento, ya se han cruzado los primeros improperios electorales. Y el Gobierno socialista, que para el 72% de los ciudadanos no combate suficientemente la inseguridad, anunciaba ayer, curándose en salud ante los próximos comicios, que no habrá resquicios en el control de las armas de fuego en la nueva ley aprobada tras el 11 de septiembre, ahora en consulta en el Consejo de Estado.

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