La Fiscalía de Granada considera 'desproporcionada' la multa a los dos ginecólogos condenados por aborto
La Fiscalía de Granada manifestó ayer en un escrito de alegaciones su 'disconformidad' con la multa de 8.640 euros (1,4 millones de pesetas) impuesta a los dos ginecólogos condenados por aborto ilegal El Kasem y Bolívar Serge. El fiscal considera 'desproporcionada' la cantidad impuesta a los dos médicos en sustitución de la obligación de cumplir la condena impuesta de ocho meses de cárcel.
Los ginecólogos recurrieron la decisión judicial de imponer esa multa mediante un recurso de súplica que ahora ha recibido el apoyo del Ministerio Fiscal, que solicitó en enero la imposición de la pena de multa de 1.000 euros a cada uno de los condenados. El fiscal considera que esta cantidad es la 'apropiada', dado que ya se ha producido el cumplimiento de la pena de inhabilitación (factor que ha afectado a sus ingresos económicos), que no hay responsabilidad civil ni indemnizaciones pendientes de abono.
En un escrito a la Sección Segunda de la Audiencia de Granada la Fiscalía se queja de la ausencia de motivación en el auto del tribunal que multiplicó por ocho los 1.000 euros de multa solicitados por el Ministerio Público, única parte acusadora en el caso. El fiscal sostiene que la sala 'no explicita los motivos fácticos o jurídicos que determinen, conforme a criterios de proporcionalidad, el incremento de la cuantía de la multa impuesta'.
Según el escrito, la sala, que encargó un informe a la policía sobre la situación económica de los condenados, tampoco fundamenta el criterio de proporcionalidad que sigue para incrementar la multa que había solicitado el fiscal.
En ese sentido, recuerda que el Tribunal Supremo, en la sentencia que revisó a la baja la condena de los ginecólogos, apreció en la actuación de ambos error vencible (desconocían que los psicólogos no pueden recomendar un aborto, pero deberían haberlo sabido), lo que eliminaba el dolo del delito y lo equiparaba 'con las infracciones imprudentes'. Por ello, la Fiscalía de Granada se remite a su anterior solicitud de multa (1.000 euros) como la cuantía más apropiada para los condenados.
La Audiencia de Granada deberá ahora pronunciarse sobre este escrito y sobre el recurso de súplica de la defensa de los ginecólogos, que consideró que la sanción económica impuesta no se ajusta a las posibilidades económicas de los condenados, especialmente la de uno de ellos, y porque al elevar tanto la cuantía de la multa se vulnera el principio acusatorio.
Los dos médicos fueron condenados por practicar abortos ilegales en 1995. Pero la ejecución de la pena fue suspendida después de la petición del fiscal jefe del TSJA, que apoyó la conveniencia de imponer una multa en sustitución de la privación de libertad, en tanto que se resuelva un recurso pendiente en el Tribunal Constitucional.
