Misterios de un auto
Leo, sin salir de mi asombro, que un juez ha archivado las demandas presentadas hace ya año y medio contra un ex decano de la Facultad de Medicina y una ex directora del departamento de Odontología por parte del Rector de la UPV, porque los hechos denunciados (cuya veracidad, al aparecer, no se discute), no son constitutivos de delito. La cuestión estriba, según el juez, en que los fondos económicos generados por los cursos de postgrado (los master) y otras actividades formativas de las universidades, aunque éstas sean de carácter público, como es el caso de nuestra UPV, no son fondos públicos, con lo cual no hay posibilidad de que se cometa el delito de malversación.
No sé si lo entiendo. Si los ingresos generados por los master no son 'dinero público', entonces serán 'dinero privado'; ¿de quién? Interesante cuestión, que abre muchas interrogantes, sobre la que deberá reflexionar nuestra universidad. ¿Y qué decir de la contraprestación económica originada por los convenios suscritos entre instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Vitoria y el Departamento de Interior y la UPV? ¿En qué momento esos dineros pierden su condición de 'públicos'? Un misterio.
Resulta que una de las muchas cosas irregulares en las que se habían empleado esos fondos fue el pago de los servicios de un letrado particular por parte de una de las personas demandadas en un determinado procedimiento judicial que le afectaba. Normal le ha parecido al señor juez. Tomen nota tantos cargos públicos en entredicho sobre las posibilidades de financiación de sus abogados que abre esta novedosa interpretación sobre los fondos públicos. Sorprende que para llegar a esa conclusión el juez haya necesitado tanto tiempo. Para ese viaje sobraban tantas alforjas, es decir, larga instrucción, citación de testigos, acarreo de documentación, etc. Es de suponer que se recurrirá la resolución judicial. Habrá que esperar. Pero la sorpresa no nos la quita nadie.
