El TSJ admite dos recursos contra una adjudicación urbanística en Castellón

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha admitido a trámite, al menos, dos recursos interpuestos contra la adjudicación realizada por el Ayuntamiento de Castellón, gobernado por el Partido Popular, a Calviga, una de las empresas del grupo Luis Batalla, de la urbanización del área de la capital de La Plana de la antigua estación, donde se ubicará un centro de El Corte Inglés.

Los recursos fueron presentados por el colectivo de comerciantes que pugnaba con Batalla por el desarrollo de la zona, agrupados en la Asociación Edificio Singular, y por el grupo de vecinos afectados por un incremento de edificabilidad en dichos terrenos, lo que ha causado la 'imposición' de una zona verde en el suelo del que son propietarios. En este último caso, los vecinos que presentaron el recurso pugnaban por la urbanización con una empresa del grupo GyC.

En el primero de los casos, los comerciantes arguyen en su recurso, entre otras cosas, lo que consideran una actuación 'injusta' del equipo de gobierno popular del Ayuntamiento castellonense, que fue el que aprobó la adjudicación para el desarrollo de los terrenos en los que se encuentra la antigua estación de Renfe, ahora soterrada. Los comerciantes, que se presentaron al correspondiente concurso junto al grupo Bertolín, fueron excluidos por un defecto de forma, ya que la ley que regula el derecho de asociación sindical aplicada por el Ayuntamiento de Castellón a Edificio Singular establece como requisito que transcurran 20 días desde el depósito de sus estatutos para ser operativa.

La asociación presentó dos dictámenes de profesores de Derecho Civil y Administrativo de la Universidad de Valencia que no sirvieron para que los populares castellonenses cambiaran de parecer y aceptaran estudiar su oferta.

Propuesta fuera de plazo

En el caso del otro recurso presentado, que el Tribunal Superior de Justiacia valenciano también ha admitido, los afectados fueron 'derrotados' por una empresa que presentó su propuesta fuera de plazo y que, sin embargo, al ser acompañada del informe de otro profesor universitario, fue aceptada por el equipo de gobierno.

En este caso, los propietarios del suelo decidieron recurrir la adjudicación al considerar que los cambios que la propuesta de Luis Batalla preveía les afectaban directamente ya que, por un aumento de la edificabilidad en la zona de El Corte Inglés, se les imponía la inclusión de una zona verde sobre sus terrenos de forma 'caprichosa y arbitral' según su consideración. Además, el recurso alega contra la cesión sin precio de cinco plantas de un subsuelo que, en teoría, es de dominio público.