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Columna
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Corrupción

Vecinos de la Vega Baja del Segura han irrumpido en varias ocasiones en los plenos del Ayuntamiento de Orihuela con sus protestas por la corrupción política en la comarca. La condena por malversación y falsedad de quien fuera alcalde de la ciudad, Luis Fernando Cartagena, y de su cómplice, el empresario Ángel Fenoll (un nombre que siempre está presente, y no para bien, en las pancartas reivindicativas), confiere dramática verosimilitud a tal acusación. ¿Hay corrupción en la Vega Baja? La compra de votos, probada y sentenciada, las adjudicaciones urbanísticas sospechosas, las contratas de basuras escandalosas y un ex alcalde condenado a cuatro años de cárcel por usar fondos públicos para enriquecerse él 'o en beneficio de terceros' alientan la respuesta afirmativa. ¿Hay corrupción en el PP? Cuando en marzo de hace cuatro años -las Fallas no le sientan bien- Cartagena dimitió como consejero de Obras Públicas, el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que carga a sus espaldas con el poco edificante caso Naseiro y con una concejal tránsfuga que lo aupó al poder y no ha parado de ingresar sueldos públicos, adujo que confiaba plenamente en la versión del dimisionario y que le vendría bien tener las manos libres para defenderse. Se refería al caso de las cesiones de crédito, en el que se supone que Cartagena escondió 164 millones de pesetas bajo un producto financiero opaco. Su situación le impedía entonces seguir en el Consell. Ahora, en un caso menor, ha salido mal parado. Y Zaplana, su gobierno y su partido, cuya locuacidad no conoce límites para apuntarse tantos y machacar, con motivo o sin él, a la oposición, se han quedado mudos. Tal vez porque, si en el PP no hay corrupción, lo parece y, con Cartagena condenado, que no era un don nadie dentro del partido, es difícil sostener que las huestes de Aznar son incompatibles con la irregularidad y el abuso. Lo que sí resulta seguro es que la aparente perplejidad del Consell y del PP (que puede ser una táctica de enfriamiento) no obedece a una falta de información de primera mano, ya que pocos días antes del juicio la consejera portavoz, Alicia de Miguel, y el diputado Vicente Martínez Pujalte tuvieron un encuentro en Valencia con Cartagena.

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