La Generalitat decide intervenir L'Aliança y destituir a sus gestores

El Gobierno catalán no ha esperado a la próxima reunión del Consell Executiu y ayer mismo la comisión delegada de Asuntos Económicos aprobó la intervención urgente de L'Aliança tras detectar graves irregularidades en la contabilidad. La intervención, que podría materializarse hoy mismo, supone la sustitución de los actuales gestores por otros del Departamento de Economía y la separación de sus funciones del director general, Ramón Carranza, antes incluso de que la Generalitat concluya las dos inspecciones extraordinarias abiertas a la mutua.

Un comunicado del Departamento de Presidencia informaba ayer de que el conseller en cap, Artur Mas, había facultado a los consejeros de Economía, Francesc Homs, y de Sanidad, Eduard Rius, a 'tomar las decisiones que crean oportunas para garantizar la viabilidad de L'Aliança'. Ello supone dar luz verde a la intervención inmediata de la entidad por parte de la Dirección General de Política Financiera, de la que dependen las mutuas. La intervención supondrá cambiar el Consejo de Administración de la mutua, que encabeza Susanna Martín. La entidad tiene más de 200.000 mutualistas.

'Los balances contables no están para bollos'. Con estas palabras, fuentes del Gobierno catalán resumieron el estado actual de la contabilidad de L'Aliança, después de que las dos inspecciones, una de Economía y otra de Sanidad, hayan advertido supuestas irregularidades económicas como para no esperar a la conclusión de los expedientes. Entre éstas, destacan un posible fraude por doble facturación, al cobrar al Servicio Catalán de la Salud (SCS) servicios prestados a los mutualistas por un importe superior a 7,2 millones de euros (unos 1.200 millones de pesetas), y anomalías en el cobro a la sanidad pública del importe de prótesis.

Pero las mismas fuentes destacaron la existencia de graves irregularidades en las cuentas de la entidad, que no concretaron. A ello hay que añadir la negativa reiterada por parte de actuales gestores a facilitar al Gobierno catalán los documentos contables requeridos. 'En ningún caso estamos cuestionando la viabilidad de L'Aliança', manifestó un portavoz del Ejecutivo catalán. 'Únicamente queremos solucionar un problema de mala gestión que puede repercutir en las personas que han confiado en esta entidad sanitaria, y asegurar los puestos de trabajo'.

Los departamentos de Economía y Sanidad aún no han concluido sus informes sobre la mutua debido a las resistencias de la dirección a facilitar información detallada sobre el estado económico de la entidad. Una vez decidida la intervención, los inspectores podrán trabajar con los gestores designados por la Generalitat.

Las mismas fuentes reiteraron la negativa del Gobierno a hacer efectivas las subvenciones que reclama L'Aliança, correspondientes a los años 1997 y 1998, ya que éstas se hallaban supeditadas a las posibles pérdidas que pudiera tener la mutua. En cambio, L'Aliança siempre declaró beneficios durante estos dos ejercicios, por lo que no estaría justificado que recibiera ayudas públicas. El sindicato Agrupación de Médicos y Enfermeras de Cataluña (AMIC) apoyó la intervención de la mutua y el relevo, si fuera necesario, 'de todo el equipo directivo' como 'el único camino posible para asegurar la viabilidad de la mutua y garantizar la actividad asistencial y la continuidad de los trabajadores'. El sindicato solicitó 'la depuración de todas las responsabilidades'.

La intervención de la Administración catalana en la mutua L'Aliança no pondrá en peligro el empleo de los 2.200 trabajadores de la entidad, según el Gobierno catalán. Hace unas semanas, los representantes sindicales de los trabajadores expresaron su inquietud por los efectos de la crisis sobre sus puestos de trabajo.

CCOO denunció anteayer que L'Aliança estaba alterando las pruebas de doble facturación del centro, ya que, según el sindicato, desde el pasado viernes seis personas habrían cambiado los códigos de identificación de los enfermos ingresados hasta el 4 de febrero, justo antes de que el Gobierno catalán decidiera aplicar medidas cautelares a la entidad.

La Generalitat decidió aplicar de nuevo este tipo de medidas ante los indicios de que la mutua facturó indebidamente al Servicio Catalán de la Salud servicios sanitarios prestados a sus asociados que estos ya habían pagado prevaimente mediante su correspondiente cuota. Esta es una práctica que la mutua ha venido realizando durante años y que en su día fue tolerada para contribuir a que superara la crisis. La dirección de la mutua, a cuyo frente está Ramon Carranza, niega las irregularidades.

Llorens Serrano, secretario de política social de CC OO, que el lunes calificó la situación de L'Aliança como de 'quiebra', dijo que hasta ahora se codificaba a los enfermos en tres categorías: mutualistas, mutualistas con Seguridad Social y personas no mutualistas con Seguridad Social. Explicó que ahora se están anulando etiquetas de personas con ambas coberturas para identificarlos sólo como mutualistas.

Según CC OO, la mutua facturaba los servicios de personas que tenían la doble condición de asegurados y mutualistas, situación que se daba 'en 18 de cada 20 usuarios'. El sindicato pidió a la Generalitat que interviniera cuanto antes la entidad y cambiara al equipo directivo.

El origen de la crisis fue una inspección del Servicio Catalán de la Salud, en la que detectó que el hospital de L'Aliança, Sagrado Corazón, había incurrido en doble facturación al SCS durante 2001 por valor de 7,2 millones de euros (1.197 millones de pesetas). Sanidad también reclamó a L'Aliança la devolución de 9,42 millones de euros (1.567 millones de pesetas) entregados por el SCS a cuenta de los servicios contratados durante los años 1997 y 1998, además de no entregarle otros 1,62 millones de euros correspondientes a subvenciones de comprometidas en años anteriores, por entender que no estaban justificadas.